El lunes pasado, Chile Transparente entregó al consejo asesor presidencial anticorrupción una propuesta para perfeccionar el sistema político.

El documento- que se divide en tres áreas: sector público, sector privado y ciudadanía- propone, entre otras ideas, mejorar la entrega de información por parte de todas las instituciones del Estado respecto de las compras públicas y el gasto fiscal. En ese punto plantea dar a conocer quiénes son las personas socias de las empresas proveedoras para así evitar posibles conflictos de intereses.

La idea es que esto vaya asociado a la publicación de nombres de personas responsables de compras públicas en cada repartición estatal. Además, Chile Transparente recomienda difundir los subcontratos que realizan las empresas proveedoras y los objetivos de la compra.

En esa línea, también recomienda vincular los resultados de la gestión pública con datos acerca del gasto fiscal, como, por ejemplo, permitir a los usuarios cruzar datos para buscar proveedores o dueños de empresas proveedoras que se repitan a lo largo de distintos períodos de tiempo.

El presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera-Gallo, explicó que "la ciudadanía debe tener la posibilidad de encontrar fácilmente la información pública que necesita, ya que hoy en día se encuentra un grueso de información que dificulta la búsqueda. Por eso, proponemos que el Estado publique su información de una manera más detallada y cruzada".

Otras de las novedades incluidas en el documento son las sugerencias para modernizar la Ley de Archivos, que data desde 1929, que establece que los documentos públicos deben estar en soporte de papel, lo que dificulta -según la organización- el acceso a la información. Además, el organismo sugiere que se envíe un proyecto de ley para regular el paso de las personas entre el sector público y el privado, particularmente cuando una ex autoridad de una institución reguladora es contratada por una empresa que era regulada por dicha entidad pública. También se plantea fortalecer los sistemas de denuncia anónima a distintos servicios, incluido el Servel, a través de la creación de métodos de atención y denuncia de víctimas de corrupción.

Además, el escrito postula la necesidad de quitarles discrecionalidad a los concejos de cada municipalidad sobre los permisos de edificación y regulación del cambio de uso de suelo, haciendo partícipes de dicha discusión a más organismos técnicos.

Por otro lado, Chile Transparente recomienda algunas ideas que ya se han visto incluidas en otras propuestas que han sido presentadas al consejo asesor presidido por el economista Eduardo Engel.

Entre las medidas, que también han sido levantadas por otros organismos, figura aumentar las sanciones a aquellos funcionarios que cometan delitos de corrupción y cohecho y eliminar la posibilidad de las salidas alternativas en estos casos. Igualmente, se menciona fortalecer el Servicio Electoral como ente fiscalizador, eliminar las donaciones reservadas en campañas políticas y otorgar el financiamiento permanente a los partidos políticos por parte del Estado.

"El consejo tendrá que analizar todas las propuestas que le han llegado, y estoy seguro de que la propuesta final considerará la nuestra", señaló Viera-Gallo.