Con la presentación de la demanda de Bolivia a Chile para negociar una salida soberana al mar, el país iguala a Colombia como las naciones de la región que más veces se han sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Colombia debió enfrentarse con Perú por el caso del asilo político del fundador del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre entre 1949-1950, quien se asiló en la embajada de Bogotá en Lima tras realizar un intento de Golpe de Estado.

Además se enfrentó con Nicaragua por los territorios marítimos en el Caribe occidental, lo que incluía la soberanía sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta disputa todavía crea tensión debido a la negativa colombiana de aceptar el fallo salomónico de la Corte. El tercer litigio lo tuvo con Ecuador por las fumigaciones aéreas realizadas por Colombia en lugares cercanos a la frontera común.

Chile en tanto, está a la espera de la resolución de la Corte por el litigio marítimo con Perú, la que debería darse a conocer durante el primer semestre de este año. En diciembre de 2012 terminó la fase de alegatos orales con las intervenciones de los abogados de ambos países.

En 1955, el Reino Unido demandó ante el tribunal a Chile y Argentina por territorios antárticos y subantárticos. Con Argentina la disputa es en torno a las dependencias de las islas Malvinas, que comprende las islas Georgia, Orkney, Shetland y Sándwich del Sur, mientras que con Chile se disputan los territorios de las islas Shetland y Graham Land, también parte de las Malvinas. Sin embargo, esta demanda quedó archivada debido a que ninguno de los países quiso acudir a la corte para resolver el problema.

Argentina también suma otro litigio en este caso con Uruguay debido a la construcción de dos plantas de celulosa cerca a las aguas binacionales del río Uruguay. El gobierno argentino acusa a Uruguay de haber autorizado las obras en forma unilateral sin cumplir con el procedimiento obligatorio de consulta y notificación previa. En este caso, la corte consideró en 2010 que Uruguay no incumplió sus obligaciones con el medioambiente.

Paraguay por su parte, demandó en 1998 a Estados Unidos por una eventual violación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, por el caso de un ciudadano paraguayo condenado a muerte en el estado de Virginia, acusado de asesinato.

En este caso, Paraguay reclamaba que no se le dio al acusado la posibilidad de comunicarse con su consulado de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena. El ciudadano paraguayo fue ejecutado pese a las medidas provisionales dispuestas por la Corte, y en noviembre de 1998, dictó una providencia, a petición de Paraguay, en la que se sobreseían las actuaciones y se eliminaba el caso de la lista de la Corte.