En 2007, la Oficina de Memphis de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos (EE.UU.), estableció que la ciudadana chilena Marcela Olivares Bravo, junto a su pareja de origen colombiano, eran los distribuidores de clorhidrato de cocaína de una serie de narcotraficantes del sector norte de esa ciudad. Las escuchas telefónicas establecieron que ambos trasladaban la droga desde Texas hasta Tennessee.

La mujer, según la policía de EE.UU., era la encargada de enviar las ganancias -vía transferencias electrónicas- a sus cómplices en Chile. La mujer fue condenada en 2011 por estos delitos en el país norteamericano, pero desde marzo se encuentra nuevamente en Chile. Esto, porque se acogió al Convenio de Estrasburgo para terminar de cumplir su condena en Chile.

Este es uno de los casos de traslado de personas que, este año, ha tramitado del Departamento de Interpol Santiago de la PDI. De hecho, en lo que va del año, ya se han concretado 10 extradiciones y 19 traslados.

Además del caso de Marcela Olivares, esta año la policía civil ha realizado un segundo traslado de un reo chileno condenado por delitos de connotación internacional. Se trata de José Aburto Rojas, quien llegó a territorio nacional el 19 de febrero. El hombre está condenado a cadena perpetua por un tribunal inglés.

Según la justicia de Inglaterra, Aburto participó junto a su hijo, Roberto Aburto Lamas, en el homicidio del ciudadano chileno Gabriel Morales Duque, en 9 de marzo de 2009 en Londres. El condenado y su hijo fueron buscando por todo el mundo por Interpol y fueron detectados en Alemania e Italia, respectivamente. El 2011 la corte de Old Bailey dictó para ambos la pena de presidio de por vida.

El año pasado José Aburto se acogió al Convenio de Estrasburgo y a comienzos de este se materializó el traslado.