China insiste con sus críticas a España tras la orden de búsqueda y captura librada por la Audiencia Nacional contra el ex presidente Jiang Zemin y otros cuatro ex altos funcionarios del régimen comunista por genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90.

La embajada del país asiático en Madrid expresó hoy su "enérgica condena" a la actuación del tribunal español y lo acusó de "abusar" de la aplicación del principio de Justicia Universal, bajo el cual uno de sus jueces investiga a Zemin y a los otros cuatro antiguos funcionarios por delitos de lesa humanidad en el Tíbet.

Esta queja china, la segunda en la semana tras la de una portavoz del Ministerio de Exteriores en Beijing, llega tres días después de que el gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy iniciara en el Congreso de los Diputados una reforma exprés que prácticamente acabará con la Justicia Universal en España.

La oposición, organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, asociaciones de jueces y fiscales y abogados critican duramente esa reforma y la atribuyen directamente a las presiones de China por este caso.

El PP no lo ha desmentido. Es más, su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha asegurado que la Justicia Universal "solo provoca conflictos". 

La reforma saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP y entrará en vigor previsiblemente en dos meses. La mayoría de las 12 causas abiertas por lesa humanidad en la Audiencia Nacional tendrán entonces que ser archivadas, incluida la que ha desatado las protestas de China.

Pese a que sus autoridades lo saben, la embajada en Madrid llamó a España a "corregir su error inmediatamente, eliminar el efecto negativo y mantener el desarrollo sano y estable de las relaciones bilaterales con acciones concretas". 

Aseguró que la Audiencia Nacional hace "caso omiso de los derechos básicos y la imparcialidad judicial" y calificó de "absurda" la decisión del juez.

La reforma que tramita el Parlamento español con el rechazo de la oposición en bloque limitará la investigación de la Justicia española en los crímenes de lesa humanidad a los casos en los que los responsables sean españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se haya denegado.

Las víctimas deberán también ser españolas y no podrán haberse nacionalizado tras haber sufrido los hechos a perseguir.