El máximo órgano legislativo de China, la Asamblea Nacional Popular (ANP), aprobó hoy una nueva ley contra el espionaje, por la que organizaciones extranjeras o personas que cometan delitos de espionaje en el país asiático, los instiguen o los patrocinen, podrán ser castigados.

Los miembros de la ANP aprobaron la nueva norma en la clausura de la sesión bimensual del organismo que se celebró esta semana y cuyas conclusiones han sido presentadas hoy.

La ley antiespionaje sustituye a la antigua ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor en 1993 y que se centraba en regular el trabajo de las agencias estatales de seguridad, cuya principal labor es la lucha contra este delito. 

La ley de 1993 no había sido revisada desde entonces y las autoridades han creído oportuno hacerlo en este momento, después de los múltiples casos registrados y la aparición de nuevas herramientas que facilitan estas actividades, como los móviles inteligentes, y de los que no se hacía mención anteriormente.

La nueva norma especifica la definición de espionaje como "organizaciones foráneas e individuales que comentan actividades de espionaje o que instiguen y patrocinen a otros para cometerlas, así como organizaciones locales o individuales que espíen en el país para organismos extranjeros o personas". 

Los autores de estos delitos podrán ser castigados, según recoge la ley, que no especifica la pena a la que podrán enfrentarse.

Según la nueva norma, las agencias encargadas de combatir el espionaje tienen la potestad de confiscar cualquier "aparato, dinero -como ingresos obtenidos a través de estas actividades- o material" así de sellar cualquier lugar o propiedad relacionada.

No obstante, la ley asegura la confidencialidad respecto a secretos comerciales y de Estado y la privacidad personal durante las investigaciones y recoge que el trabajo de las agencias estatales "debe ser llevado a cabo en base a la ley y el respeto a los derechos humanos, así como a los intereses legales de ciudadanos y organizaciones".

En las conclusiones de la sesión bimensual de la ANP, también se anuncia la modificación de la ley de Procedimientos Administrativos para aumentar las posibilidades de la gente de denunciar al Gobierno por casos como problemas de tierras o compensaciones por desahucios, que comúnmente no son atendidos.

La reforma obliga a los tribunales a acoger estos casos y ordenar a las autoridades a cumplir los contratos firmados con los ciudadanos o pagar una compensación en el caso de que los incumplan e incluso si lo hacen por "razones legítimas".

La decisión también recoge que los oficiales deberán presentarse personalmente en los tribunales ante estos casos, y, en el caso de que no lo hagan, podrán ser castigados.

Esta reforma trata de responder a los persistentes conflictos sociales a nivel local el país asiático por conflictos de tierra u otras demandas que no son respondidas ante la falta de un sistema judicial independiente.