Hasta Panamá deberán llegar mañana los representantes designados por La Moneda para sostener una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, además, los abogados Ciro Colombara y Hunter Carter.

La cita fue convocada por el organismo dependiente de la OEA para abordar el estado de avance del acuerdo entre el gobierno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para una solución amistosa que permita retirar la demanda que pesa contra el Estado chileno desde 2012. Esto, por denegación de matrimonio a tres parejas del mismo sexo.

Según la convocatoria enviada por la CIDH al Ejecutivo y a los abogados que representan a los demandantes, el encuentro se llevará a cabo en el hotel Radisson Decapolis, de Panamá. Y se desarrollará en medio del 159 período ordinario de sesiones.

El objetivo es revisar la implementación de las medidas que fueron incluidas en el acuerdo, algunas de las cuales, según reclama el Movilh, se encuentran atrasadas.

Así, Colombara llegará a la reunión de mañana con una minuta en la que se especifica la situación actual. Los principales puntos que estarían atrasados son la inclusión de políticas para homosexuales, lesbianas y transexuales en el programa de salud sexual y reproductiva, y la modificación de contenidos complementarios a la base curricular y a los planes de estudios para educación parvularia y escolar.

Otro tema sobre el que aún no hay avances es la modificación del Decreto 924 del Ministerio de Educación para evitar que las iglesias impidan que los homosexuales puedan realizar clases de religión.

Todas estas medidas son parte central del acuerdo, además del compromiso del gobierno de ingresar al Congreso un proyecto para permitir el matrimonio igualitario en Chile, algo para lo que la Presidenta Michelle Bachelet fijó como límite fines de julio de 2017, lo que también será revisado en la cita de hoy.

Esa iniciativa y los otros aspectos del acuerdo deberán ser comunicados públicamente en un acto en el que La Moneda pretende lanzar oficialmente los denominados diálogos ciudadanos participativos, una fase similar al proceso constituyente que se realizará en las regiones y que servirá de insumo para la elaboración del proyecto de ley.

El acto ya se había postergado para después de las elecciones municipales. Esto, en medio de las divisiones en el oficialismo por la agenda valórica del gobierno, que también incluye la despenalización del aborto en tres causales. Y si bien se había reagendado para noviembre, nuevamente fue pospuesto, justo cuando el Ejecutivo se encuentra definiendo con la Nueva Mayoría las prioridades para la recta final de la administración de Bachelet. Esta vez, la ceremonia se reagendó para enero de 2017.

En las organizaciones de diversidad sexual, como el Movilh y la Fundación Iguales, existe inquietud por el real avance que se logrará con el proyecto de matrimonio igualitario.

Si bien están confiados en que el Ejecutivo debe ingresar el proyecto -porque de lo contrario estaría contraviniendo el acuerdo ante la CIDH-, no tienen certeza de si avanzará en el Congreso y de si incluirá la posibilidad de adopción.

En medio de este escenario, el director del área de DD.HH. del Movilh, Rolando Jiménez, se reunió el miércoles, junto a otros miembros de la organización, con la ministra de la Segegob, Paula Narváez.

En la cita -dicen los asistentes- la secretaria de Estado se comprometió a pedirles a los ministerios de Salud y de Educación que apuren la implementación de los puntos del acuerdo que les corresponden a esas carteras. El plazo para la mayoría de los aspectos del pacto vence el próximo 31 de diciembre.