Perseguida por la polémica y las críticas de la oposición y las ONG, la central de Santa María de Garoña en la Provincia de Burgos (centro-norte de España), uno de los ocho reactores que operan en el país, deberá cerrar este sábado tras 42 años de actividad, tal y como contempla una orden del Ministerio de Industria y Energía.

El cese de la actividad se debe a razones económicas y no de seguridad, por lo que el Gobierno no descarta reabrirla "si así fuera posible". Así lo señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien indicó que con ese propósito el Gobierno iniciará cambios en la normativa del sector.

En la orden ministerial de cierre se deja claro que la actividad deber cesar hoy, "aún cuando no existan razones de seguridad nuclear y protección radiológica que lo exijan", y después de que la empresa titular de la instalación haya alegado motivos económicos "para no solicitar la renovación de la autorización de explotación".

Nuclenor (propiedad de Endesa e Iberdrola) es la empresa explotadora de la central y está facultada tras el cierre a poseer y almacenar elementos combustibles de uranio ligeramente enriquecido irradiados, de acuerdo con los límites y condiciones asociados a las autorizaciones específicas de almacenamiento de combustible irradiado.

Los socialistas del PSOE -el mayor partido de la oposición en España- han criticado las intenciones del Gobierno, del conservador Partido Popular (PP), de intentar reactivar la central.

Por su parte, la organización de protección del medio ambiente Greenpeace también ha criticado al Gobierno y considera que modificar las normas para permitir la reapertura de Garoña "es delictivo".