El muro que Israel construye en Cisjordania cumple hoy cinco años desde que fue declarado "ilegal" por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Sin embargo, la decisión de la mayor instancia judicial internacional no ha impedido que los bloques de hormigón de ocho metros de alto sigan avanzando y atravesando el territorio palestino.

A los 413 kilómetros que ya han sido construidos se sumarán en unos meses los 73 que están siendo levantados en Slafit, Hebrón y Qalqilya y, si Israel sige adelante con su plan actual, el "muro del apartheid", como lo conocen los palestinos, alcanzará 709 kilómetros en poco tiempo.

La implacable barrera, de hormigón en algunas zonas y de alambre en otras, fue la solución anunciada por Israel el 23 de julio de 2001 para "combatir el terrorismo palestino" y "garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes" tras sufrir varias oleadas de atentados palestinos.

Una solución que ya tenía precedentes con la contrucción de la barrera de Gaza en 1994 -y que aisló a la población de la Franja del resto del mundo-, pero que en esta ocasión tenía detrás componentes estratégicos que saltaron a la vista de la comunidad internacional en muy poco tiempo.

Diseñado sobre un mapa, el muro sobrepasa varios kilómetros en algunos puntos de la llamada "línea verde", la frontera entre Israel y los territorios palestinos reconocida por la comunidad internacional acordada en el armisticio de 1949. Según datos de Naciones Unidas, el 85% del muro actual está construído en territorio palestino.

La Organización para la Liberación Palestina (OLP) insiste desde el inicio de su construcción que Israel "sobrepasa el principio de la proporcionalidad" y que el muro "no está justificado por los motivos de seguridad y defensa".

Según la OLP, su avance en el interior de Cisjordania no es más una muestra de la pretensión israelí de anexar territorios palestinos, aunque tenga para ello que infringir la legalidad internacional e interferir en la soberanía territorial palestina y en su derecho a la autodeterminación.

Dos años después de levantar el primer bloque se hormigón, el 9 de julio de 2004, el Tribunal Internacional de la Haya declaró ante el mundo la "ilegalidad" del muro apoyándose en el derecho humanitario internacional y en la Carta de los Derechos Humanos.

El 20 de julio la ONU anunció también una resolución, que fue apoyada por 150 votos a favor y seis en contra, en la que se exigía a Israel que cumpliera con la decisión de la CPI.

Lo que la mayor instancia judicial internacional exigió a Israel en 2004 consistía, no sólo en paralizar la construcción dentro de los territorios ocupados -incluído el Este de Jerusalén-, sino en desmantelar los 200 kilómetros construídos entonces y en reparar los daños sufridos a las poblaciones afectadas por la división.

La segregación del territorio palestino ha supuesto desde 2002 un cambio radical en las relaciones familiares, la explotación de los campos, el acceso al agua, a los servicios sanitarios y a la educación de la población palestina de Cisjordania, pero sobre todo de los 35.000 habitantes de la llamada "zona cerrada", la situada entre la "línea verde" y Cisjordania.

A ambos lados del muro los ciudadanos con documento de identidad palestino precisan de un permiso de residencia o de visita adicional que debe ser expedido por las autoridades israelíes y presentado ante el Ejército, que controla actualmente 613 puestos de control y check-points dentro de Cisjordania.

A veces un permiso de visita para los agricultores cuyos campos han sido divididos tardan meses en llegar y deben ser renovados con frecuencia. Otras, el paso de un check-point diurno durante la noche se convierte en sentencia para situaciones sanitarias de vida o muerte.

"El camino elegido por Israel para la construcción de la barrera no es necesario para alcanzar sus objetivos de seguridad", afirmaron ayer en Jerusalén representantes de la ONU, denunciando las "severas restriciones de libertad de movimiento impuestas por las autoridades israelíes a los residentes palestinos" y urgiendo a Israel el "desmantelamiento" del muro.

"El Muro no es una medida basada en la seguridad. Por el contrario, es una grave violación al derecho internacional, y una violación a los derechos básicos de los palestinos", afirmó hoy la Organización para la Liberalización Palestina (OLP) desde Ramallah, recordando a la comunidad internacional su compromiso de "jugar un papel mas activo y constructivo" en buscar una solución para el conflicto palestino.

"El veredicto de la CIJ da a la comunidad internacional una clara oportunidad de actuar de forma honesta y ecuánime, haciendo coincidir su compromiso con la paz con su compromiso a respetar las leyes que protegen los derechos de todos los estados y pueblos", dijo hoy el jefe negociador palestino Saeb Erekat, denunciado que "Israel continúa confiscando tierra palestina y construyendo el Muro al margen del dictamen de la CPI".

Según datos de la OLP el muro anexa el nueve por ciento de Cisjordania a Israel, y en casos como los de las poblaciones de Ariel y Kedumin, el muro entra hasta 22 kilómetros dentro de la Ribera Occidental. Algunas poblaciones como Qualqilya quedan casi encerradas por la construcción del muro a su alrededor.