Durante 2013, el Estado destinó 2.173 millones de dólares (M$ 1.238.996.037) a estudiantes e instituciones de educación superior. El 71,5% de estos recursos fue al financiamiento de becas y créditos y el 28,5% fue directamente a los planteles. Esto, según el estudio "Financiamiento fiscal a la educación superior", elaborado por la Contraloría General de la República.
Según el estudio del ente fiscalizador, las universidades privadas Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás, Autónoma, De Las Américas, Mayor y Diego Portales; los institutos profesionales Duoc UC, Aiep e IP Chile; junto a los centros de formación técnica Inacap y Santo Tomás recibieron más aportes fiscales que ocho planteles estatales (ver infografía).
Si se considera sólo el aporte para financiar a los estudiantes, se desprende que el 54% fue a alumnos de instituciones privadas (Ues., IP y CFT) y el 31,7% del total a universidades privadas. En tanto, el 25% fue a planteles estatales.
De las 10 instituciones que más financiamiento fiscal reciben para sus estudiantes, siete son privadas y dos estatales, además de la U. de Concepción, privada tradicional del Cruch, que es la que más recauda por este ítem. Las dos universidades estatales con mayores aportes son la U. de Chile y la Usach, y entre las privadas están las Ues. Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás y Autónoma, y los IP Duoc UC y Aiep.
La vocera de la Confech y presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda, criticó que "es evidente que el sistema educacional chileno ha privilegiado de manera directa a las instituciones privadas, relegando a las universidades del Estado a la lógica del autofinanciamiento y la competencia por los recursos". Y añadió que esto "desvirtúa el sentido de los proyectos educativos y en algunos casos es tan crítico, como en universidades de regiones, que algunas están al borde de la quiebra, siendo el propio Estado y sus administradores los principales promotores de la muerte de la educación pública".
En tanto que el rector de la U. de Concepción, Sergio Lavanchy, planteó que en el caso de ese plantel, el volumen de aportes en becas y créditos se explica porque de los 22 mil alumnos de pregrado, el 85% de los que ingresan a primer año proviene de establecimientos municipales o particulares subvencionados. "La alta matrícula y un alto nivel de vulnerabilidad hacen que nuestros estudiantes tengan una alta cantidad de recursos en ayudas, y por eso consideramos que tenemos un rol social", sostuvo Lavanchy.
AYUDAS
El documento de Contraloría constató que estudiantes de 88 instituciones de educación superior reciben Crédito con Aval del Estado (CAE), beneficio orientado a estudiantes con mérito académico y que justifiquen de manera socioeconómica el financiamiento, y que en 2013 involucró una inversión de US$ 530 millones (M$ 302.158.754). El CAE es un financiamiento dirigido al alumno y se entrega a través de un crédito bancario. Las universidades son avales del estudiante hasta que él egresa y luego es el Estado el que cumple ese rol.
En tanto, el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) es el aporte fiscal destinado únicamente a cubrir los gastos de arancel de los alumnos de las 25 instituciones del Consejo de Rectores. En 2013, este beneficio ascendió a US$ 163 millones (M$ 93.072.332).
Respecto del CAE, el estudio indica que el 69,3% de los recursos fueron otorgados a alumnos de universidades privadas. Y se señala que cinco de estos planteles recaudan individualmente por CAE más recursos que el conjunto de las 16 universidades estatales (ver infografía).
Además, pese a no recibir Fondo Solidario, las Ues. privadas Unab, USS, UST y Autónoma, y los IP Duoc y Aiep obtienen por becas y créditos con recursos públicos más que los sumados por las universidades estatales, a excepción de la U. de Chile, y que ocho de las nueve tradicionales privadas, dejando fuera a la U. de Concepción.
El rector de la U. San Sebastián planteó que se debe considerar que "el conjunto de universidades privadas está recibiendo un mayor número de alumnos vulnerables que las otras instituciones con las que se compara".
El académico de la UDP José Joaquín Brunner explicó que si los planteles tienen una numerosa matrícula, tendrán también recursos fiscales significativos y reciben el apoyo del Estado, pues crean y ofrecen oportunidades de estudio. "Lo importante es que esas oportunidades sean de calidad, de modo que el dinero del Estado produzca un retorno para la sociedad y los propios jóvenes. Esto debe ser garantizado por el sistema de aseguramiento de la calidad y los procesos de acreditación, que corresponde al Estado establecer, administrar y continuamente mejorar y fortalecer", sostuvo Brunner.
APORTE A INSTITUCIONES
Del 100% del financiamiento fiscal a educación superior, el 71,5% va a alumnos a través de becas y créditos, y el 28,5% directamente a las instituciones. Esta proporción se ha mantenido en incremento en los últimos años. Por ejemplo, en 2012, el 69,9% de los recursos fue a estudiantes, tres puntos porcentuales más que en 2011.
