Esta tarde cinco gendarmes fueron detenidos y dados de baja por el delito de cohecho y asociación de ilícita, tras comprobarse su participación en una red de protección a internos.
Esta red permitía que los reos optaran a una serie de beneficios carcelarios. El fiscal Gonzalo Guerrero, sostuvo que "se comprobó que los funcionarios se habían coordinado, agrupado y organizado, para encontrar un nicho de negocio, mediante el cual lograban dar algún tipo de beneficios a internos, los cuales obtenían traslados y también incluso rebaja de condenas".

Los funcionarios negociaban traslados de los reos a cualquier cárcel del país, servicios por los cuales cobraban hasta 3 millones de pesos, además de rebajas de condenas.

Los gendarmes detenidos, dados de baja y que mañana serán formalizados son: el cabo primero, Carlos Alberto Barra Becerra del penal Santiago Sur, cabo primero Alamiro Alfonso Beltrán de la Dirección Regional Metropolitana, cabo segundo Angelo Alexis Silva de la Dirección Regional Metropolitana, cabo segundo Luis Alejandro Alfaro del penal Santiago Uno y el gendarme Abel Alejandro Godoy de Santiago Uno.

El director de Gendarmería, Luis Masferrer, catalogó el hecho como "grave". "Desde que asumimos la Dirección Nacional teníamos un sólo objetivo, crear una nueva institución, fue así como empezamos a develar las irregularidades como los procesos de admisión a la institución", dijo al dar a conocer los resultados de esta investigación conjunta con la Fiscalía Occidente.

Masferrer informó que esta red será investigará por asociación ilícita, "hay personas que están agrupadas para ubicación de reos, contacto con funcionarios, generar traslados y adulterar antecedentes en la carpeta relacionadas con bajas de condena", dijo la autoridad.

Por otro lado, la autoridad sostuvo que lo grave es que "funcionarios que son encargados de custodiar a las personas, les permiten tener en su poder teléfonos celulares".

La investigación llevaba tres meses en curso y se gestó gracias a una intervención telefónica. La mujer que mantenía contacto telefónico con los funcionarios implicados fue identificada como María Angélica Cartagena Tamayo. Esto permitió llegar a esta red ilícita, que también involucra a al menos siete internos.