El 12 de julio de 2011, el director del Servicio Nacional de Menores, Rolando Melo, envió una circular a los directores de las distintas residencias acreditadas por el Sename, donde se informa sobre los procedimientos "ante posibles hechos constitutivos de maltrato físico, psicológico o de delitos en contra de niños, niñas o adolescentes bajo atención de organismos colaboradores".
La finalidad de ello, según el documento, "es comunicar a las autoridades pertinentes la ocurrencia de los hechos y adoptar las medidas necesarias para la protección y resguardos que procedan".
Parte del procedimiento, dice Sename, es que quienes tomen conocimiento de cualquier tipo de abuso, vulneración o delito, deberán comunicarlo "directamente al Ministerio Público, Carabineros, o la Policía de Investigaciones, y "deberá cumplirse con esta obligación de inmediato o dentro de las 24 horas siguientes".
Los protocolos, de acuerdo a la circular, deberán "aplicarse cualquiera sea la gravedad o tipo de maltrato de que se trate" contempladas en cualquiera de las situaciones planteadas en un anexo donde se acompaña el "catálogo de situaciones de grave vulneración".
Circular que fue emanada en la etapa previa al informe elaborado por el Poder Judicial y Unicef, que reveló graves vulneraciones contra menores al interior de residencias del Sename, actualmente investigadas por el fiscal de Magallanes, Juan Agustín Meléndez.
PRONUNCIAMIENTO DE CONTRALORIA
La Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia, recurrió a Contraloría para pronunciarse sobre la validez del documento, que además de denunciar abusos contra menores, dispone que si las vulneraciones a menores son asociadas a trabajadores, éstos deben ser separados inmediatamente de sus labores.
En abril de este año, el contralor Ramiro Mendoza, dio la razón al Sename, en cuanto al deber de denunciar por parte de los dueños de hogares, aunque solicita a la entidad especificar que sólo los hechos constitutivos de delito deben ser acusados ante el Ministerio Público, y los que no "son de competencia de los Tribunales de Familia".
El documento, además, discrepa sobre la obligación que propone el Sename de separar de inmediato de sus labores al trabajador involucrado en hechos de maltrato, y propone se disponga "el alejamiento del trabajador de un posible riesgo para los menores, sin que ello implique, de forma necesaria, el despido de ese trabajador".
