Antes de que termine el gobierno podría estar operativa la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, la que fue promulgada por la Presidente Michelle Bachelet, luego de dos años y ocho meses de tramitación en el Congreso. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, fue la cara del Ejecutivo en la discusión de la iniciativa ante el congreso y hoy adelanta a La Tercera cómo se aplicará la norma: "Se garantiza un set de alternativas a quienes decidan someterse a esta intervención", las que estarán detalladas en un reglamento, cuya elaboración tiene un plazo de 90 días.
La secretaria de Estado aborda, además, el rol de los equipos de salud en los hospitales, los que no podrán tomar decisiones por ellas ante estas situaciones. "Habrá un programa de acompañamiento público que no será disuasivo. La idea es que (el equipo de salud) no la vaya persuadiendo de que interrumpa el embarazo si ella no quiere, o bien todo lo contrario".
Tras la promulgación de la ley ¿a qué tipo de atenciones se podrá acceder?
Este es un día en el cual se les reconocen derechos a todas las mujeres de decidir sobre la interrupción de un embarazo por causas precisas y concretas. Muchas veces esto se da en circunstancias tremendamente dolorosas para poder elegir, definir, decidir si están o no en condiciones de continuar con sus embarazos. Si eventualmente desean interrumpir (su embarazo), queremos que no lo hagan solas y que hayan prestaciones seguras. La ley también contempla que tendrán un espacio de acompañamiento. Quiero destacar, en ese sentido, el fallo del Tribunal Constitucional que dice que la mujer es sujeto de derecho y esta ley no impone nada ni pide a alguien que haga algo que no deseaba hacer. Por el contrario, lo que hace esta ley es ponerse en el lugar de estas mujeres, comprenderlas y no juzgarlas. Acogerlas con un set de alternativas.
¿Qué tipo de prestaciones específicas se garantizarán?
Lo que se ha regulado es que estén garantizadas las prestaciones que dependen de cuál es la causal en la que está esta persona. Pero las atenciones van a estar garantizadas en los hospitales de alto riesgo obstétrico, que son 69 lo largo del país y, por lo mismo, deberán ser derivadas hacia allá.
Al mismo tiempo habrá un espacio para el acompañamiento, lo que implica las prestaciones de un asistente social, visitas domiciliarias, entrevistas personales, de tratamiento y apoyo sicológico o siquiátrico si lo requieren. Todas estas temáticas deben estar reguladas y con un detalle mucho mayor cuando se termine el reglamento: hay un plazo máximo de 90 días para elaborarlo por parte del Ministerio de Salud, para saber cuál es la ruta de trabajo y de acceso a estas prestaciones. Esperemos que esté operativo antes de que terminemos el gobierno, indudablemente.
¿Cómo ve los casos de mujeres que podrían ser persuadidas para no realizar un aborto por recomendación de organizaciones pro vida?
La ley contempla que habrá un programa de acompañamiento público no disuasivo, es decir, que no la vaya persuadiendo, por ejemplo, de que ella interrumpa si no quiere, o bien todo lo contrario. Lo que contempla la ley es que se le entregue información de otras organizaciones que trabajan en diferentes opciones. Esto es una entrega de información (remarca). Nosotros ofrecemos como acompañamiento no doblar la voluntad de las adolescentes, niñas o mujeres. Hay que respetar, por ejemplo, si alguien quiere mantener su embarazo a contrapelo de lo que se le diga, pues ella también tiene ese derecho. Ella ha puesto en riesgo su vida por ser madre.
¿Se requerirá un aumento del presupuesto para el Ministerio de Salud por la compra de equipos de diagnóstico y la contratación de personal?
El programa puede ser implementado con los recursos establecidos. Esto, porque es una ley que se ancla en el sistema de salud existente. Las prestaciones ya están contempladas y los recursos están destinados a reforzar el diagnóstico en el caso de la segunda causal (inviabilidad fetal), y los equipos para recibir a las mujeres.
Muchos pacientes están a la espera de ser atendidos por diversas enfermedades. ¿Qué sucede si los hospitales priorizan esos casos?
La idea es que no sea así, porque la atención estará disponible por la vía de la derivación. Esto puede aplicarse en el caso de que una mujer consulte en un hospital donde se aplique la objeción de conciencia. La normativa contempla que vamos a tener derivación y equipos de especialistas que se requieran en ese momento.
¿Cree que se puede reforzar un ambiente de rechazo a esta ley tras la promulgación?
Hay que ponerse en el lugar de estas mujeres. Yo tengo respeto por quienes decidieron mantener su embarazo, pero también por las que no lo han querido hacer. Las mujeres que se acogen a esta ley han estado en medio de circunstancias muy dolorosas: dos causales en que las mujeres han buscado estar embarazadas y no pueden continuar con esos embarazos. Lo mismo sucede con quienes fueron víctimas de violencia sexual.
