La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), aprobada en octubre de 2009 por el Congreso, fijaba hoy como la fecha tope para que los grupos empresarios presenten su plan de adecuación para desprenderse de canales o radios que excedan el cupo fijado por la normativa.

Pero detrás de la ley se esconde la batalla política que mantiene la Presidenta Cristina Fernández y el poderoso grupo Clarín, abierto opositor del gobierno.

QUE ES LA LEY DE MEDIOS
La norma surgió como una iniciativa ciudadana de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que implicó años de debate, y que luego fue tomada por el gobierno de Cristina Fernández como bandera de lucha. Regula el sistema de medios radiales y televisivos, establece un nuevo orden en las licencias de los medios audiovisuales, que se componen por tres franjas que contarán con un 33% cada una de ellas. 

Este es uno de los temas que mantiene férreamente enfrentado al gobierno con el grupo Clarín, el más poderoso conglomerado mediático del país, que, según datos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), maneja el 70% de la comunicación, con dominio en 500 empresas de medios.

GRUPO CLARIN
El Grupo Clarín posee 14 licencias de radio y televisión, la nueva normativa sólo permite un máximo de 10 por grupo empresarial. También tiene 240 señales de cables, pero la normativa obliga que solamente un grupo empresarial posea 24 licencias de televisión por cables. Por ello, el grupo Clarín presentó amparos sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la LSCA, que obliga a desinvertir en caso de tener multiplicidad de licencias. Y logró medidas cautelares hasta que se pronunciara la justicia sobre la cuestión de fondo. La empresa argumenta que la ley dañará la libertad de expresión y también asestará un duro golpe a numerosos puestos de trabajo.

El 22 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia fijó el plazo del 7 de diciembre para presentar el plan de adecuación y el fin de las cautelares al explicar que "son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica".

La AFSCA tiene la función de aplicar la ley y su presidente, Martín Sabatella, fue nombrado por la mandataria argentina en septiembre pasado para dirigirla.

Siete de 21 grupos mediáticos que están excedidos en las licencias de cable, radio y televisión, incluido el grupo Clarín, tienen plazo hasta esta jornada para presentar un plan de desinversión en esas licencias. De lo contrario la AFSCA comenzará un proceso de oficio el 10 de diciembre. Sin embargo la normativa fue frenada ayer por la justicia por una cautelar del grupo Clarín.

JUECES
En tanto, luego de las duras críticas lanzadas por funcionarios del gobierno argentino en torno a las decisiones adoptadas sobre la Ley de Medios, la Comisión Nacional de la Independencia Judicial exhortó al poder Ejecutivo "a evitar el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia".

La la entidad, que aglutina distintos foros ligados al Poder Judicial, manifestó su preocupación por "hechos que agreden institucionalmente" los fueros judiciales.