Discrepancias y críticas causó el documento reservado que hizo público La Tercera y que contiene parte de la indicación sustitutiva a la reforma de educación superior. La minuta entregada el lunes a parlamentarios oficialistas no convence, especialmente los cambios que tienen que ver con la eliminación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y la Acreditación para mantener a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Dicha medida no sólo descarta las tres categorías de certificación que planteaba el proyecto, sino que, además, propone mantener el actual sistema de certificación basada en años -aumenta el máximo de siete a ocho- y lo hace obligatorio. También se cambia la composición del organismo, para solucionar "los conflictos de interés de los actuales consejeros", precisa el documento del gobierno. Además, se continúa con la acreditación voluntaria de carreras, manteniendo las agencias acreditaras y descartando que la acreditación institucional exija incluir al 30% de las carreras de cada plantel, como establecía el proyecto.

El presidente de la CNA, Alfonso Muga, señaló que la eliminación del sistema de certificación en base a niveles es una buena noticia, pero descarta que hoy existan conflictos de interés en el organismo que preside. Así, Muga explicó que "no hay evidencia que permita respaldar esa argumentación de que hay conflictos de interés, por eso la considero desacertada".

En ese sentido, dijo que la opinión del Mineduc no corresponde a la realidad y que la visión de la cartera es simplista: "Creen que porque las personas son nominadas por un organismo como el Cruch, o centros de formación técnica e institutos profesionales, ellas irán a la comisión en representación de esas entidades y eso no es así. No representamos a corporaciones. Además, tenemos un código de ética que inhibe comportamientos que signifiquen un riesgo", dijo.

Según Muga, esta preocupación se debe a los casos de acreditaciones irregulares que se dieron a conocer en 2010, donde estuvo involucrado el ex presidente de la comisión, Luis Eugenio Díaz, quien fue condenado por cohecho y lavado de activos. Sin embargo, Muga dijo que "se han hecho correcciones".

Sobre esto, el senador Jaime Quintana (PPD) señaló que se debe cambiar la figura de la CNA por otro organismo y agregó que "tampoco estoy de acuerdo con las agencias acreditadoras. Se necesita un rol del Estado más fuerte y con mayor independencia de las instituciones que examinan".

Pese a ello, el parlamentario dijo que los cambios no son tan sustantivos y corresponden a aspectos que van a normarse por reglamento, por lo tanto, no afectan la calidad del sistema.

Con todo, la idea de eliminar los niveles de acreditación también es debatida. Patricio Medina, presidente de la Feusach y vocero de la Confech, señaló que "los niveles en el actual proyecto eran un avance, al eliminarlos, se está mermando la calidad del sistema".

Por otro lado, algunos ven con buenos ojos que se saquen los niveles de acreditación. El diputado José Manuel Edwards dijo que "es positivo sacar los escalones, ya que todos sabían que nadie iba a cumplir con el máximo nivel". Pese a eso, el parlamentario criticó que el proyecto es "nocivo para la educación" y agregó que "aquí se está cediendo a presiones políticas para beneficiar a unos estudiantes por sobre otros, dejando afuera a la educación técnica".

Justamente, desde el ámbito técnico remarcaron que aún no hay una propuesta que profundice aspectos de la educación técnico-profesional, especialmente en el ámbito de la acreditación. Juan Pablo Guzmán, rector del instituto profesional Santo Tomás y presidente de Vertebral, señaló que "no observamos medidas que reconozcan las particularidades del mundo TP".

En esa línea, Guzmán explicó que a los CFT e IP no se les pueden pedir las cinco áreas que se exigirá a las universidades: docencia, gestión institucional, sistemas internos de aseguramiento de la calidad, vinculación con el medio e investigación, ya que las dos últimas "son exigencias que deben ser acordes al sector TP".

Para Raúl Figueroa, director de Acción Educar, criticó que el sistema de acreditación que se propone "no considere las individualidades de las instituciones. Los planteles deberían acreditarse en función de sus metas y su desarrollo, y debería haber niveles de acreditación que respondan a esta superación".