Codelco escala disputa con Contraloría y acudirá a tribunales

La declaraciones del contralor Jorge Bermúdez en su visita a las comisiones de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados el miércoles, en que abrió la puerta a la revisión de los planes de retiro de todas las divisiones de Codelco y detalló la auditoría que realiza a los contratos de la estatal con partes relacionadas, no cayeron bien en la minera.

Por eso, ayer Codelco anunció su intención de acudir a la Justicia para resolver su disputa con Contraloría y "esclarecer el marco normativo que rige a la empresa", señaló en un comunicado.

"Las opiniones emitidas ayer por el contralor Bermúdez (...) dejan ver que dicha autoridad entiende que la Contraloría General de la República posee atribuciones para evaluar el mérito de las decisiones empresariales de Codelco, atribuciones con las que la Corporación difiere, pues cuestionan directamente el rol que la ley ha otorgado a su gobierno corporativo, diferencia que deberán resolver los tribunales", señala el texto.

Además, Codelco señaló que mientras mantenga la controversia, el directorio de la estatal instruyó a su administración a gestionar la empresa "tomando resguardos", con la finalidad de no exponer a sus ejecutivos a decisiones que estén relacionadas con la disputa.

Agregaron que optar por la vía judicial evita "un mayor daño a la institucionalidad que producen declaraciones acaloradas, en ocasiones contradictorias y que en nada contribuyen al fortalecimiento del rol de la empresa pública".

Adicionalmente, el directorio de Codelco convocó a una sesión extraordinaria el 5 de junio en la que se analizará el estado del diferendo y medidas adicionales que tomará la empresa.

Contratos

En relación a contratos entre la minera y empresas relacionadas, que alcanzan US$ 783 millones, y que formaría parte de la auditoría realizada por Contraloría, Codelco señaló que esta cifra nace precisamente de "la diferencia interpretativa" que genera la controversia.

" La Contraloría señala que a Codelco se le aplicarían ciertos artículos de la Ley de Compras Públicas que la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la Contraloría y a la Cámara de Diputados", señalaron desde la empresa y agregaron que "la Corporación se ha regido hasta ahora por la Ley de Sociedades Anónimas y los procedimientos que ella determina para la contratación con empresas relacionadas, en razón de que la propia Ley de Compras exceptúa expresamente de su aplicación a las empresas públicas creadas por ley".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió ayer a la controversia y señaló que las empresas públicas deben regirse como una sociedad anónima. "Hasta ahora el marco era igual al de una empresa privada. Está cambiando la visión del Contralor de cómo es eso. Lo peor que podemos hacer es tener una ambivalencia y que pensemos que cuando no le gusta a alguien está mal.

"Las reglas tienen que estar claras", dijo Valdés.

Por otro lado, y en relación al dictamen de Contraloría que cuestionó la indemnización pagada por la minera al ex director Augusto González, conocedores del caso dijeron que Bermúdez habría iniciado fiscalizaciones a otros pagos realizados a altos ejecutivos de la minera.