La estatal Codelco Ventanas informó que hoy a las 16 horas fue notificada de la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de cerrar temporalmente la fundición y refinería de Ventanas.

Hoy, la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso de protección interpuesto por el presidente de la Asociación de ex funcionarios de Enami, Luis Pino Irarrázabal en contra de Codelco, División Ventanas, y en favor de la comunidad La Greda, tras los altos niveles de contaminantes en la zona como cobre, arsénico, mercurio y otros metaloides.

Sin embargo, la empresa consideró "no justificada la medida" del tribunal, por lo que durante esta tarde presentará recursos judiciales "con el objeto de que la justicia tenga los antecedentes necesarios para mejor resolver".

Codelco sostiene en un comunicado, que la intoxicación de más de 40 personas en la comunidad La Greda por una nube tóxica, corresponde a un "hecho puntual y accidental que fue rápidamente superado por la División".

"Tal como informó División Ventanas el 23 de marzo, esta situación lamentable se debió a un imprevisto que obligó a interrumpir la puesta en marcha de sus equipos tras el período de mantención anual, originando emanaciones anormales de gases secundarios. Este incidente, que no ocurre habitualmente, sumado a condiciones meteorológicas adversas, impidieron además la adecuada dispersión de los gases", agrega.

Asegura también que la empresa tomó "todas las medidas preventivas y de reparación para lograr una puesta en marcha segura y sin molestias para la población".

RECURSOS
Uno de los recursos que fue acogido por el tribunal de Valparaíso fue presentado por los ex trabajadores de Enami que representan a 135 empleados fallecidos por cáncer en dicho sector industrial. La otra acción judicial se debe a las emanaciones de gas tóxicos que afectaron al sector de La Greda, dejando a más de 40 personas intoxicadas.

La semana pasada, representantes del consejo Ecológico Comunal de Puchuncaví y de la Comisión de Medio Ambiente del Core interpusieron la acción judicial a través del abogado Alejandro Chaparro, y no descartaron interponer una querella civil, por la responsabilidad que le cabe al Estado haber construido las industrias contaminantes en un sector habitable.

Chaparro, quien asesora al consejo Ecológico Comunal de Puchuncaví señala que "estamos muy contentos que por primera vez la Corte acoja un recurso de esta naturaleza".

El abogado comunicó que dentro de esta semana se va a presentar una querella criminal en contra de los altos ejecutivos de la misma empresa por el delito establecido de atentar contra la salud de los habitantes de Puchuncaví y en contra del medio ambiente.