Señor director:
El gobierno ha presentado una "Propuesta preliminar para un Código de Conducta Responsable para inversiones en tierras indígenas". El gestor de dicho documento -Rodrigo Egaña- también habla de un Código de Conducta Responsable. En resumidas cuentas, el proyecto de la autoridad parece inspirado en un concepto muy en boga en el ámbito empresarial: el de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Dicha denominación implica un doble riesgo. Primero, no hay mejor forma de "matar" un concepto que extender su aplicación más allá de su ámbito específico. Tal como la inflación le quita valor al dinero, la "inflación" en el uso de los términos acaba por quitarle valor al concepto original.
Pero más preocupante es que la RSE -que partió como una respuesta genuina y voluntaria de las empresas a las preocupaciones de la sociedad- termine exigiéndose por ley.
La escalada puede ser muy peligrosa: indudablemente, hay temas que legítimamente deben convertirse en normas legales, pero si empezamos a tomar iniciativas y conceptos propios de la RSE y los hacemos obligatorios, ¿quién se va a animar a apoyar proyectos sociales o mejorar tal o cual estándar en forma voluntaria, si después pueden terminar convirtiéndolos en condición para operar?
Más allá de la discusión específica sobre la implementación del Convenio 169 en nuestro país, sería conveniente que las autoridades cuiden usar la terminología adecuada. 
Ana Amagi