El Colegio Médico anunció que elaborará un listado de sus miembros objetores de conciencia a nivel nacional, en el marco de la implementación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
"Nosotros vamos a tener un registro de objetores de tal modo que podamos garantizar en todos los servicios de salud del país que existan colegas no objetores que garanticen estas prestaciones", dijo el vicepresidente del gremio, Patricio Meza, postura que confirmó y complementó la presidenta Izkia Siches.
Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) estableciera que la objeción de conciencia al interior del pabellón será para todos los que participen de la intervención del embarazo (médicos, técnicos y paramédicos), y que se hace extensivo a las instituciones, médicos y profesionales tendrán que fijar una postura frente a la ley.
Es por eso que desde el gremio buscan tener un catastro que registre las posturas de sus profesionales. "No es para hacer propaganda, sino más bien para que los directivos de los centros asistenciales puedan dirigir a las mujeres o activar la red según la disponibilidad de médicos no objetores", dijo Siches.
La presidenta, incluso, propuso que en caso de no tener opción de médicos no objetores a quienes recurrir, esta medida permitiría "así como en otros países se ha planteado, abrir cargos dirigidamente a médicos que puedan realizar la interrupción, pero no despedir a los que tienen y que son objetores". El gremio comenzará el sondeo después del 5 de octubre, fecha en que hará un seminario de ética y objeción de sus asociados.
Desde el Colegio de Matronas, su presidenta, Anita Román, indicó que se esperará la promulgación de la ley para realizar un sondeo similar. "Esperamos las coordenadas del Minsal, ya que una vez promulgada la norma tendremos tres meses para implementarla y en ese tiempo podemos tener avanzado el tema del sondeo", indicó Román.
Sin embargo, cree que la objeción "no será un problema, ya que en los países donde existe, si bien al principio es complejo, cuando se focaliza la acción en unidades específicas se consigue contar con personal especializado y no objetor durante las 24 horas al día", añadió. Ella apunta a la creación de Unidades de Pérdida Reproductiva, que cuenten con médicos que estén dispuestos a realizar la prestación y que espera estén presentes en el reglamento que está elaborando el Minsal.
Además, añadió, no será un problema, porque los casos al día son pocos y así lo reflejan las cifras entregadas por el Minsal: al año mueren 50 mujeres por la primera causal, riesgo de vida de la madre, se dan unos 500 casos de malformación fetal y 2 mil casos de violación, lo que da cuenta de un promedio de 6,9 casos al día que, eventualmente, podrían requerir una interrupción del embarazo en todo el país.
Desde la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, que en este caso es una sociedad científica y no gremial, su presidente Omar Nazzal indicó que crear un registro de objetores "está aún en discusión y no hay una postura de la sociedad".
Sin embargo, la entidad realizó una encuesta para sondear la opinión de sus socios respecto de las tres causales, cuyos resultados fueron presentados en el Congreso Nacional durante la discusión parlamentaria y que arrojó que en la tercera causal, de violación, sólo un tercio de los consultados estaba dispuesto a realizar un aborto (ver secundaria). Hasta el cierre de esta edición, la Sociedad de Anestesistas no había respondido a las consultas de La Tercera.
Clínicas analizan posición
Así como los médicos deberán tomar una postura, también lo tendrán que hacer las instituciones privadas de salud y se podrían sumar al Hospital Clínico de la UC, a la Clínica Universidad de los Andes, al Hospital Parroquial de San Bernardo y al Hospital San Francisco de Pucón, que ya definieron que serán instituciones objetoras.
Desde Red Salud, dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción, y propietaria de 10 establecimientos en cinco regiones del país, señalaron que "estamos analizando con calma y en detalle la redacción completa del fallo para evaluar todas sus disposiciones.
Otros que se tomarán un tiempo para analizar la situación son los grupos Bupa y Empresas Banmédica, donde se espera que la decisión sea adoptada de forma autónoma por cada una de las clínicas pertenecientes al holding como Santa María y Dávila, al igual que Clínica Las Condes, donde aún no han querido entregar una posición institucional.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se mostró conforme con la resolución final del TC "porque se ha acogido un postulado que hicimos desde la Universidad Católica". No obstante, descartó que se produzca una seguidilla entre los prestadores privados que imposibiliten la aplicación de abortos. "No van a ser muchas las instituciones que se incluirán en la objeción de conciencia. No conozco la realidad en regiones aisladas, donde se podría generar un problema de derivación", sostuvo.
Además, destacó que no se practicarán abortos en ninguno de los centros hospitalarios ni ambulatorios dependientes de la universidad, y que la atención no será negada en aquellos casos en que la vida de la madre esté en riesgo.
"Siempre ha existido la atención de urgencia para las madres que estén en riesgo vital. Eso se va a seguir haciendo. La objeción de conciencia no existe cuando hay riesgo vital", agregó.