En el país existen 12.500 establecimientos educacionales, los que se dividen en cuatro tipos: particulares pagados, subvencionados gratuitos, municipales y subvencionados con financiamiento compartido.

Estos últimos tres reciben dineros de parte del Estado a través de subvenciones escolares, dineros por la asistencia de un alumno a clases y por nivel de vulnerabilidad en algunos casos.

Del total de colegios, más de dos mil operan con financiamiento compartido. Es decir, tienen una modalidad mixta: reciben la subvención y, además, les cobran a las familias un monto que puede alcanzar los $ 91 mil mensuales.

Esta es una de las situaciones que la Presidenta electa, Michelle Bachelet, pretende modificar en el próximo período, estableciendo en su proyecto de gobierno el fin del copago de forma gradual. ¿El objetivo? Extender la gratuidad en el sistema, traspasando al Estado el gasto que las familias dedican a escolaridad, con el anhelo de entregarles a sus hijos una mejor educación.

A menos de dos meses del cambio de mando, la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide) inició una campaña interna para levantar una defensa legal que vele por su actividad. En ese contexto, la directiva, liderada por José Triguero, envió un correo a más de 840 establecimientos afiliados, con el fin de realizar un catastro a los colegios, recoger las inquietudes del sector y alinear posiciones. "Queremos saber en qué situación están los colegios y nos estamos poniendo de acuerdo, porque se viene un escenario nuevo y hay que estar preparados", dice.

PANORAMA

Uno de los problemas que acusan los sostenedores de colegios particulares subvencionados es la incertidumbre que se les ha abierto. "No se sabe si efectivamente se va a realizar el cambio o cómo se aplicará. ¿Qué pasa si nos aumentan la subvención y fijan en qué gastarla?", argumenta Rodrigo Díaz, abogado de la federación.

Otra preocupación apunta a que se coarten los proyectos educativos: hay muchos colegios con copago que apuestan por educación cristiana, "y si el Estado dice que es un país laico y no lo vamos a financiar con platas públicas, se produciría un grave problema", añade el asesor legal de las instituciones.

El escenario no sólo preocupa a los recintos que se ubican en el tramo superior de copago y que cobran más de $ 40 mil, sino también a los que no superan los $ 21 mil. Es el caso de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) y cuya gerenta general, Lily Aristía, dice que hay que esperar a ver cómo funcionará. "Estamos inquietos, porque queremos saber si con la prohibición del financiamiento compartido van a subir las subvenciones, porque si no, no sobrevivimos. Con ese dinero nosotros potenciamos el currículum: más horas de inglés y talleres extracurriculares. Nada de esto alcanza con la subvención regular".

Desde el Mineduc también se comparte la preocupación. El subsecretario de Educación, Fernando Rojas, precisa que "casi 1,4 millones del total de alumnos son prioritarios (por lo que sobre la subvención tradicional reciben recursos extras a través de la Subvención Escolar Preferencial) y no se les cobra por copago. Si no pueden pagar un colegio, la SEP lo paga. El financiamiento compartido aporta 600 millones de dólares al año a la educación. Si se elimina, habría que preguntarse de dónde saldrán estos recursos".

Desde el mundo académico, la defensa de los colegios no es bien vista. "Se tienen que eliminar las barreras de acceso y el financiamiento compartido es una ellas, ya que contribuye a la segregación", explica el director del Centro de Políticas Comparadas de la U. Diego Portales, Ernesto Treviño.

Para Gonzalo Muñoz, académico de la U. Diego Portales, "estas señales son preocupantes, pues abren una duda razonable sobre si efectivamente el principal objetivo está en entregar una educación de calidad o en cautelar los propios intereses", y agrega que es "una reacción infundada, porque el programa plantea que el fin del financiamiento compartido va de la mano con un aumento de la subvención escolar".b