"Esta es una ley que moviliza el alma", señaló la ministra de Educación, Adriana Delpiano, segundos antes de que el Senado aprobara de manera unánime el proyecto que crea el sistema de Nueva Educación Pública y que permitirá que los 5.200 colegios que actualmente dependen de los municipios pasen a manos del Estado y sean administrados en red por 70 Servicios Locales de Educación.

"Vamos a tener un sistema educativo de mejor calidad y con más oportunidades y que sean las familias las que escojan el colegio donde quieren educar a sus hijos y no lo que les tocó", añadió Delpiano.

El sistema de la eduación municipal duró 37 años y según el gobierno terminará en 2025, con la posibilidad de extensión en casos puntuales hasta 2030, cuando los municipios que hayan hecho una buena gestión administrando sus colegios soliciten postergar su entrada al sistema.

Este aspecto se transformó en el punto que opacó la celebración del gobierno porque la ley se aprobó gracias a un acuerdo con la derecha que incluía tres puntos para evitar que llevaran el proyecto al Tribunal Constitucional: una transición hasta 2030, una comisión evaluadora, y la posibilidad de que las municipalidades de buena gestión educacional pudieran postergar su ingreso a los servicios locales.

Según el gobierno la postergación sólo puede extenderse hasta 2030, pero la derecha asegura que el articulado establece que podría ser indefinido e incluso excluir definitivamente a una comuna de ingresar al nuevo sistema. "El acuerdo con la oposición es que algunas comunas puedan posponer su entrada al sistema, pero ninguna va a quedar fuera del nuevo sistema de educación pública chilena", aseguró el ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de La Fuente. Y puntualizó que "no hay ninguna materia que zanjar".

Sin embargo, el artículo décimo transitorio, que durante la tramitación había sido rechazado por los diputados, porque generaba dudas sobre la posibilidad de que permitiera a una comuna posponer indefinidamente su ingreso al nuevo sistema, fue aprobado e incorporado en el proyecto que ahora se transformará en ley. Es en base a ese artículo que la derecha asegura algunas comunas podrán excluirse de los servicios locales.

Toda esta situación causó indignación en algunos diputados. Mario Venegas (DC) indicó que "no comparto que el artículo sea ambiguo y permita que los municipios puedan ir a la Contraloría a buscar una interpretación que permita mantenerse en el actual sistema municipalizado hasta más allá de 2030".

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, quien hoy se abstuvo en la votación, indicó que "estamos hablando de una negociación política que tuvo el gobierno para que pudiera darse esta indefinición, y si los municipios van a Contraloría para interpretar la ley en el futuro es parte de los costos que tiene que asumir el gobierno si es que estuvo disponible a entregarle a la derecha una redacción como lo que quedó en el articulado del proyecto".

Precisamente ya hay dos alcaldes que manifestaron su disposición para recurrir a todas las instancias que les permita la ley para postergar indefinidamente o excluir a sus comunas de la desmunicipalización. Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, afirmó que "si mañana llega la solicitud para entregar los colegios, amparados en la legislación que se ha aprobado hoy día, que deja esta posibilidad de pelearlos y mantenerlos, nosotros vamos a ir a las instancias que correspondan".

En esa misma línea el alcalde de Ñuñoa, Andrés Zahri, aseguró que "la municipalidad de Ñuñoa tiene una larga tradición de excelencia en la educación y jamás vamos a permitir que nos quiten la gestión de nuestros colegios".

Según explicó el asesor legislativo de la derecha, Jorge Barrera, la ley señala "expresamente que las municipalidades pueden solicitar que el servicio educacional de su comuna no sea traspasado en los plazos que corresponden en virtud de los artículos anteriores al décimo". Y añadió que "todos los plazos de límites están en artículos anteriores, por lo tanto excluye expresamente la aplicación de los plazos del 2025 y 2030".