Un 55% de los sostenedores del sistema subvencionado actualmente tiene fines de lucro o arrienda el recinto donde funciona su colegio. Así lo señalan las estadísticas entregadas por el Ministerio de Educación (Mineduc) a la Comisión de Educación de la Cámara, en el marco de la tramitación de la Ley Miscelánea. Esto representa un 52% de los colegios subvencionados del sistema, a los que asiste un 45,4% de la matrícula.
Este grupo de colegios es precisamente el que se encuentra más presionado por la Ley de Inclusión, ya que ésta señala que los establecimientos que quieran continuar recibiendo fondos públicos deben no sólo transformarse en sin fines de lucro, si no también, en un máximo de tres años, comprar el recinto que actualmente arriendan. Así, la normativa actualmente señala que en marzo deben decidir si renuncian al retiro de utilidades o si pasan a particular pagados. Sin embargo, este plazo podría ampliarse, ya que el proyecto de ley miscelánea lo extiende hasta junio de 2017 y la iniciativa fue aprobada hoy en general en la Cámara de Diputados. Con ello, pasó a segundo trámite en el Senado.
Entre los cambios que plantea para la Ley de Inclusión, también extiende la posibilidad de arrendar de tres a seis años, y para aquellos que pidan transformarse antes de junio 2017 existirá la posibilidad de arrendar hasta por 10 años.
Pese a las flexibilizaciones, para varias agrupaciones de sostenedores, estos cambios no son suficiente, ya que el plazo para cumplir con la transformación a entidad sin lucro continúa siendo el 31 de diciembre de este año. "Valoramos los cambios que han venido desde el Ejecutivo, porque demuestra que han acusado recibo de los nudos grave, pero creemos que no apuntan a cambios de fondo", señaló José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociaciones de la Educación Particular Subvencionada de Chile (Conapas).
"El cambio de marzo a junio nos da tres meses para tomar decisiones, pero los apoderados terminan sin plazo para ver dónde dejar a sus hijos en caso de cambios. Lo que realmente hay que modificar es el plazo para estar constituido como fundación, prorrogarlo por lo menos un año más", subrayó Valdivieso.
Para Hernán Herrera, presidente de la Conacep, más que la fecha en que tienen que haber cambiado su personalidad jurídica, lo central es que se aclaren las condiciones de adquisición de la propiedad. "Se debe resolver cuánto le van a pagar a los dueños del inmueble para que vendan el recinto, si al sostenedor le van a otorgar el aval para comprar el colegio y, con toda esa información, que el sostenedor vea si se transformaría. Planteamos que para esa fecha el sostenedor debe saber todas esas cosas para tomar una decisión".
El diputado Jaime Bellolio (UDI) coincidió en que el mayor problema es el requisito de ser dueño del colegio. "Más allá de los plazos, el verdadero problema es que los colegios se logren transformar, porque la gran cantidad de colegios que arriendan dicen que los bancos les señalan que no están dispuestos a otorgarles los préstamos para que puedan adquirir el inmueble", señaló el parlamentario.
Desde el oficialismo, en tanto, aprobaron en general el proyecto, pero manifestaron reparos algunos sectores por aumentar el tiempo en que se permite arrendar. "Hay un cambio en el espíritu de la ley", criticó Camila Vallejo (PC), quien remarcó que se está pasando a la fórmula de arriendos regulados por falta de voluntad de algunos sostenedores". El gobierno está cediendo ante la presión permanente de quienes no quieren cambiar el sistema", agregó la diputada comunista.
