El ex Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, aclaró este lunes que no está en contra de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso cascadas, y que sus críticas apuntan al momento en que se constituyó dicha instancia, dado que el proceso sancionatorio estaba en curso.

"No estoy en contra de esta comisión, lo que consideré inoportuno fue el timing porque se dio cuando estaban una serie de procesos abiertos", dijo Coloma al exponer ante dicha instancia.

En este sentido sostuvo que algunos temas que se comentaron en la comisión fueron funcionales a la defensa de los sancionados. 

Coloma reiteró además que no existió vinculación de sociedades pertenecientes al ex Presidente Sebastián Piñera en el esquema de operaciones con acciones sancionado en el marco del caso cascadas.

"En este caso en particular nosotros analizamos las operaciones de las AFPs, de la sociedades de Sebastián Piñera, (del banco de inversión) Moneda, de todos los que estaban detrás de esto y se ve que no hay ningún patrón de comportamiento que tenga que ver con el esquema", dijo Coloma al exponer ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza el caso.

Coloma enfatizó que el suponer que pudiera proteger a alguien "es lo peor que me pueden decir".

El ex superintendente señaló que la investigación no surgió por una denuncia respecto al esquema de operaciones en las sociedades cascadas, y que sólo comenzaron a tener presunciones de la existencia de esta estructura en el primer trimestre de 2013.

"El esquema fue algo que se fue articulando a traves del tiempo con información que se iba acumulando"

A comienzos de septiembre la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informó que resolvió aplicar sanciones de multa que en su conjunto ascienden a UF 4.010.000 (unos US$164 millones), las más altas cursadas en su historia, en el marco del cierre de la investigación del denominado caso cascadas, de las cuales la mayor es para Julio Ponce que fue sancionado con unos US$70 millones.

Ello, tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar en el año 2010 -a partir de septiembre- y durante el año 2011.