La canciller de Colombia, María Angela Holguín, se reunirá el 7 de enero en París con abogados británicos que estudian recursos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras el fallo que entregó a Nicaragua un sector del mar Caribe en el que Bogotá ejercía soberanía.

"Estamos contratando una firma de abogados que ya ha dicho que tenemos muchas posibilidades con algunos recursos", dijo Holguín.

La canciller expresó que lo que más le interesa al gobierno colombiano es que la CIJ garantice los derechos que tienen los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para pescar en la zona. "La estrategia es que los pescadores puedan seguir pescando como lo han hecho la vida entera", señaló la ministra.

Nicaragua presentó en 2001 una demanda ante la CIJ tras desconocer un tratado bilateral que firmó en 1928 y mediante el cual entregó a Colombia la soberanía del archipiélago, que en 1803 ya había sido puesto bajo jurisdicción de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá por la corona española.

El tribunal ratificó en 2007 la soberanía colombiana sobre el archipiélago, pero se declaró competente para definir los límites marítimos entre los dos países, lo que dejó en suspenso la soberanía sobre siete cayos.

La CIJ decidió el pasado 19 de noviembre que los cayos seguirán bajo jurisdicción de Colombia, pero corrió hacia el este el punto que Bogotá considerada como límite y entregó a Nicaragua unas 200 millas náuticas.

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha señalado que su país no aplicará el fallo hasta llegar a un acuerdo con Nicaragua para garantizar la subsistencia de los pescadores, que temen salir a faenar en aguas que ahora pertenecen a Managua.

Dos de los siete cayos colombianos quedaron enclavados en aguas nicaragüenses, lo que para el gobierno de Bogotá es una "contradicción jurídica" de la CIJ.

Holguín se reunió el lunes pasado en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para exponerle lo que Bogotá considera como "inconsistencias" del fallo del tribunal de La Haya.

"La reunión con Ban Ki-monn fue muy interesante porque supo de primera mano qué era lo que nosotros queríamos decir sobre las inmensas complicaciones que trajo este fallo", dijo Holguín.

Según la funcionaria, durante la reunión, en la que también estuvieron autoridades locales del archipiélago, el secretario general de la ONU fue comunicado de los temores del gobierno colombiano sobre el futuro de los 80.000 habitantes de las islas y el cuidado del medio ambiente.