Cinco equipos de forenses comenzaron hoy la ardua tarea de identificar los restos de las más de 300 víctimas mortales del incendio registrado en una cárcel de Honduras, antes de iniciar la investigación de las causas, que Gobierno ha prometido realizar con "total transparencia".
El cuadro era desgarrador en las afueras y el interior de la Granja Penal de Comayagua (centro de Honduras), escenario de la que ya es considerada la peor tragedia carcelaria en América Latina en 25 años.
La cifra de fallecidos está pendiente de confirmación, pero el Ministerio Público la ubicó en 358, incluido uno de los heridos que había sido trasladado al Hospital Escuela de Tegucigalpa, según indicó el portavoz de ese organismo judicial, Melvin Duarte.
El Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo a los periodistas, sin embargo, que el número confirmado de muertos asciende a 272, aunque admitió que puede "superar los 300" a medida que avancen las labores que se realizan en la prisión.
La identificación de los restos, muchos totalmente calcinados, que quedaron apilados en cinco celdas de uno de los dos módulos de la prisión comenzó en medio de la consternación de los familiares de reclusos, algunos porque ya sabían de su muerte y otros porque desconocían su paradero.
"Me duele pensar que mi hermano esté muerto, pero tengo que esperar a que las autoridades confirmen", dijo llorando a los periodistas Carmen Ulloa.
"¡Dios mío, por qué te llevaste a mi hijo, por qué me loquitaste!", exclamaba Blanca Rodríguez, madre de otro recluso.
Los familiares, que se oponen al traslado de los cadáveres a Tegucigalpa para realizar las autopsias correspondientes, llegaron incluso a enfrentarse con piedras a las fuerzas del orden. Al final, ingresaron hasta el interior de la cárcel, pero sin poder acercarse a las cinco celdas donde están los cadáveres.
Las autoridades investigan la posibilidad de que algunos de los más de 850 reos de la cárcel de Comayagua hayan aprovechado el caos para fugarse, según fuentes penitenciarias.
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, indicó en un mensaje transmitido por cadena de radio y televisión que "preliminarmente" instruyó que sean suspendidos de sus cargos los funcionarios encargados de la granja-penal.
Lobo informó de que también ordenó la suspensión de los responsables de la administración de las cárceles a nivel nacional "para garantizar un proceso investigativo de total transparencia".
