El pasado 12 y 13 de mayo, en el Hotel Sheraton, los 24 expertos que integran la Comisión Bravo vivieron dos jornadas clave para el trabajo que hace un año vienen realizando a petición de la Presidenta Michelle Bachelet. Fue el tercer encuentro ampliado del grupo, pero también el primero con el cual entran en la recta final para cumplir con el encargo de presentar al gobierno, en agosto próximo, el informe final con recomendaciones de cambios y mejoras al sistema de pensiones chileno. En esas 48 horas, los profesionales redactaron el borrador del Informe de Diagnóstico definitivo sobre el funcionamiento del régimen previsional y sus deficiencias estructurales y coyunturales. El texto ahora va para su segunda corrección.
Desde la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones afirman que si bien la idea era entregar al gobierno a fines de este mes el Informe de Diagnóstico Final, que es más cualitativo que cuantitativo -a diferencia de la versión anterior, denominada Informe de Antecedentes para el Diagnóstico, elaborado a fines del año pasado- se tomó otra decisión: el documento se presentará junto con el de Recomendaciones, en agosto. Precisan que se trata de una suerte de resumen de todos los datos e información que han trabajado, analizado e intercambiado. "Es como una historia, una suerte de relato, en la que se expone el conjunto de los antecedentes para el diagnóstico. Se trata de una 'descripción bastante objetiva' de todo el proceso de investigación", dice una de las fuentes consultadas.
Aunque con matices, al interior del grupo, que preside el economista de la UC David Bravo, explican que el documento contempla un exhaustivo análisis del mercado laboral chileno, y pese a que todavía están en calidad de borrador, en síntesis explicaría la baja cobertura del sistema de administradoras de fondos de pensiones en tres frentes: (1) Por efecto de un mercado laboral de alta rotación y precariedad de los salarios, en especial en trabajadores con menos preparación y estabilidad en el empleo, todo esto como resultado de factores estructurales que redundan en lagunas previsionales, particularmente en el caso de las mujeres. (2) Por parámetros para el cálculo de las pensiones que están obsoletos o desajustados de la realidad, debido a la problemática y estructura del mercado laboral chileno y a dificultades de diseño para el cálculo de las pensiones; y (3) Por problemas de competencia en la industria, precios y funcionamiento de las gestoras previsionales.
El grupo, sin embargo, también hace un punto respecto de la tasa de reemplazo y el debate sobre cuál es la medición óptima para Chile, siguiendo más bien la literatura o experiencia internacional. "Dado que la tasa de reemplazo en Chile -y en el mundo- no tiene una definición estándar, depende mucho de los supuestos que se consideren y de lo que se busque establecer como una cobertura óptima de la pensión individual", afirma una de las fuentes consultadas. Otro comisionado añade que tanto en la instancia como en el debate general respecto de qué debería establecer una tasa de reemplazo y cuál debiera ser la fórmula ad hoc para Chile, "al menos hay una noción general de que esa variable debería arrojar cuánto del ingreso que tenía una persona cuando trabajó se mantiene en la pensión".
¿Cuál es la medición idónea para la tasa de reemplazo y cuál es el modelo óptimo para Chile? Depende de los datos con los que se cuenta para establecer una o varias formas, sostiene otro de los integrantes, pero ejemplifica que "hay países en que se busca una tasa de reemplazo medio agregada, por ejemplo, mediante trabajadores representativos de ciertas ocupaciones, sectores o niveles educacionales".
Las mismas fuentes coincidieron en que la comisión lo que hizo fue usar los datos individuales administrativos que posee la Subsecretaría de Previsión Social y la información de panel de la Encuesta de Protección Social (versión 2009) para calcular las tasas de reemplazo en diferentes tipos de trabajadores, distinguiendo por grupo de decil de ingresos. Así, el objetivo fue obtener mediciones de tasas de reemplazo por grupos, sexo y decil de ingresos, las que serán expuestas en el Informe de Diagnóstico. Esto generará una radiografía de la distribución completa de la tasa de reemplazo.
La definición de una tasa de reemplazo en Chile cruza opiniones. El Libro Blanco de las Pensiones Chilenas, elaborado por el gobierno anterior, plantea que aunque la evidencia sugiere que los afiliados a las AFP esperan (o desean) pensiones de vejez que representen un 70% o más de sus últimos salarios, ese nivel de expectativas es alto y que la OIT sugiere una tasa de reemplazo de 45% para quienes contribuyen al sistema de pensiones por más de 30 años. En promedio, en los países Ocde es de 65,8%.
Además, un estudio de la Superintendencia de Pensiones reveló que quienes se pensionaron entre enero de 2012 y mayo de 2013, tras cotizar por más de 30 años, obtuvieron pensiones -sólo del componente obligatorio- por un 54% (66% en hombres y 42% en mujeres) de las remuneraciones por las que efectivamente cotizaron en promedio en los últimos 10 años.
Entre los expertos del área coinciden en que la tasa de reemplazo debiera estar entre 50% a 70% de la remuneración del trabajador.
Los primeros consensos
Aunque las diferencias y matices han caracterizado a la comisión, lo que se ha evidenciado con fuerza en las tres jornadas ampliadas que han tenido, los 24 profesionales que la integran (15 representantes nacionales y nueve internacionales) ya comienzan a manifestar algunos puntos en común o, al menos, mayoritariamente coincidentes con miras al informe final con recomendaciones y propuestas.
Uno de ellos dice relación con el negativo diagnóstico sobre la situación previsional de las mujeres, especialmente radicado en las diferencias salariales y los períodos de lagunas previsionales que, en promedio, son mayores respecto de las de los hombres. Así, una de las recomendaciones para mejorar las pensiones de las mujeres es que corresponde, a lo menos, igualar las condiciones de vida de la mujer en la vejez respecto de las condiciones en que viven los hombres en esa etapa. Para eso, una de las propuestas de solución apuntaría a generar tablas de cálculo de la pensión distintas para hombres y mujeres, debido a que hoy se utiliza la misma y eso hace que, por ejemplo, una mujer que se jubila a la misma edad que un hombre y con igual ahorro en su AFP, obtiene una pensión más baja.
"Dado que existe mucha desigualdad en el mercado laboral, eso también se traduce en una fuerte desigualdad en la vejez y eso se acrecienta aún más con aspectos fundamentales del sistema amparado en el DL 3.500, como es que, por ejemplo, los cálculos para la pensión de mujeres y hombres son los mismos, pese a que en el ahorro previsional previo, es decir, en las cuentas de capitalización individual hay diferencias sustantivas que se generan por las diferencias salariales y lagunas previsionales", explica un comisionado.
En todo caso, las fuentes consultadas aseguran que aún no está descartado del todo que surja una propuesta de minoría de elevar la edad de jubilación legal de la mujer, hoy de 60 años. De los 5,1 millones de cotizantes de las AFP, el 41,5% son mujeres.
¿Hacia un sistema mixto?
Otro de los temas que han cruzado los ánimos y las opiniones al interior de la Comisión Bravo es la posibilidad de que, avalados en los fuertes cuestionamientos al sistema de capitalización individual obligatoria, al rol de las AFP y la necesidad de tener un Estado subsidiario de un sistema privado que no cumple su cometido, se justifique un cambio de más largo alcance al régimen previsional creado en 1981 con el DL 3.500.
Por eso, y aunque "existen ideas variadas" respecto de cómo lograr un mejor modelo de pensiones individuales, a tres meses del plazo de entrega del informe final de recomendaciones, en el grupo admiten que una de las "propuestas de solución a las deficiencias del sistema es la creación de un sistema mixto de pensiones, definido como de capitalización y contribución proporcional, paralelo al sistema actual de cotización obligatoria individual y con incentivos para el componente solidario". El modelo ha sido planteado por algunos de los comisionados, la mayoría de representación internacional y en el caso de los nacionales más ligados a los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría, aunque es resistido por los comisionados de perfil más conservador o cercano a la industria.
En el grupo, sin embargo, dicen que "todas las propuestas deben ser trabajadas con detalle por quienes las impulsan para que puedan ser analizadas por el conjunto de la comisión, y si bien un sistema mixto ya ha sido planteado, hay otros comisionados que han planteado otras ideas para abordar los problemas del sistema".
Si bien nada está decidido y hoy sólo es parte del análisis y las propuestas que se están estudiando, las mismas fuentes reconocen que hay algunos números en juego o al menos fórmulas para apostar por un sistema mixto. Una, aseguran, desviaría entre un 2% a 5% del ahorro personal a una contribución, con algún incentivo. La idea, añaden, es avanzar a un modelo similar al de Suecia.
En lo que también hay consenso es en potenciar el Pilar Solidario creado en la reforma previsional de 2008 y que al año demanda al Fisco del orden de US$ 1.900 millones. A través de este sistema, el Estado subsidia con una Pensión Básica Solidaria (PBS), de $ 82.058 mensuales, a quienes no tienen ahorros propios, mujeres y hombres desde los 65 años y que pertenezcan al 60% más pobre. También entrega un Aporte Previsional Solidario (APS) complementario decreciente a quienes reciben una jubilación de hasta $ 279.427 mensuales y que también pertenezcan al 60% más pobre del país.
La comisión evalúa medidas para ampliar su cobertura en materia de derechos garantizados, monto de los beneficios y corregir los errores de diseño de la versión inicial entre los cuales, por ejemplo, que las PBS no cubren los gastos funerarios de sus beneficiarios. El grupo también propondrá una gradualidad mayor en tiempo y monto de la remuneración o ingreso de los trabajadores independientes y a honorarios que desde este año deben cotizar en una AFP de manera obligatoria e irrenunciable.
Desde su creación, la industria de AFP redujo su número de operadores desde 12 empresas a las seis administradoras vigentes. A marzo pasado, los ahorros previsionales sumaban US$ 174.032 millones, 11,3% más que a igual fecha de 2014 y equivalente al 71,8% del PIB chileno. Según la Superintendencia de Pensiones, en abril los fondos tipo C -considerando un promedio del sistema- rentaron 8,71% en 12 meses.
El sistema registra 9,8 millones de afiliados, y de ellos, 5,1 millones son cotizantes activos, con un ingreso promedio de $ 650.581 al mes. A marzo había 1.031.507 pensionados de AFP y compañías de seguros con una pensión promedio autofinanciada de $ 202.160 mensuales (ver infografía).
