En un informe preliminar y tras una extensa jornada de discusión, los diputados de la comisión investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior dieron a conocer que siete universidades han incurrido en distintas irregularidades y no responden al requisito legal de ser corporaciones educacionales sin fines de lucro.
Se trata de las Universidades de Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Aiep, Santo Tomás, Uniacc y del Desarrollo. Así lo detalló el diputado Alberto Robles (PRSD), quien comentó que las instituciones cayeron en algunas de las distintas formas de lucro.
Entre las irregularidades están los altos sueldos a miembros del directorio o ejecutivos importantes, externalizar servicios relevantes (medida por la cual las utilidades de la universidad que no pueden retirarse, si pueden pagarse a las empresas relacionadas -sociedad espejos- desde donde si pueden retirarse o distribuirse a sus propietarios o en el directorio de la institución se han incorporado familiares, con el objeto de repartir un mismo ingreso entre distintos contribuyentes disminuyendo la base imponible.
La comisión detectó que la Universidad del Desarrollo (Sociedad Inmobiliaria Ainavillo), junto al caso de la Universidad del Mar (varias sociedades inmobiliarias), caen en la categoría de "sociedades espejos", al sostener vínculos contractuales financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución y control de la corporación, y/o terceros relacionados.
Las seis restantes, son instituciones que caen en la categoría de "compra y venta de universidades bajo el control de grupos económicos y extranjeros", la mayoría del grupo Laureate, que reúne a 76 instituciones de educación superior en 27 países del mundo.
COMISIÓN NO DESCARTA MÁS UNIVERSIDADES
La jornada no estuvo exenta de problemas entre los parlamentarios. Mientras el diputado Gustavo Hasbún (UDI) señaló que "se perdió todo tipo de objetividad al mencionar solamente a algunas universidades y no a todas", Robles declaró que "no estamos excluyendo a ninguna, sino que estamos diciendo aquellas que lucran y que en la comisión se dieron claros ejemplos".
Para Hasbún, "eso demuestra claramente que el lobby peso más que la realidad".
Por su parte, Romilio Gutiérrez (UDI) señaló que es "necesario endurecer la legislación vigente y que donde este prohibido el lucro, este no se produzca bajo ninguna figura". Asimismo, aseguró que le han pedido al Ministro de Educación "que se establezcan sanciones ejemplares" para aquellos que están infringiendo la ley. Gutiérrez, sin embargo, agregó que "no estamos de acuerdo (los parlamentarios de la Alianza) en que se mencionaran instituciones, porque según las intervenciones del contralor, del ministro (de Educación) y del jefe de la División de Educación Superior, no había antecedentes suficientes para considerar que había lucro".
La diputada María José Hoffman (UDI), en tanto, señaló que "me impresiona la obsesión que existe en este país contra la iniciativa privada", asegurando que en el informe de la comisión "no hay prueba contundente de ningún tipo de acusación". Es más, afirmó que "hay universidades públicas hoy día amparadas en el estado, que también deben regularse", por caer en estas mismas irregularidades.
