Casi 30 años después de la caída de la dictadura en Brasil (1964-1985), la Comisión de la Verdad entregó su informe final a una conmovida presidenta Dilma Rousseff, víctima del régimen, en el que describió torturas y pidió anular la amnistía a los violadores de derechos humanos.
En dos años y siete meses de trabajo, la comisión (CNV) registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, víctimas políticas directas durante los denominados "años de plomo", y se identificaron 230 locales en todo Brasil donde se perpetraban violaciones a los derechos humanos.
Estas violaciones, perpetradas en su mayoría por el temido órgano de inteligencia y represión (DOI-CODI), comprendían la prisión o detención ilegal arbitraria; la tortura; la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado; y la desaparición forzada, que incluye el ocultamiento del cadáver.
Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las "graves violaciones" de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una "política de Estado", rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura por una ley de 1979, ratificada en 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
TESTIMONIOS
De acuerdo con la comisión, 377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, ya sea desde el plano político e institucional como por autoría directa. Según la organización Human Rights Watch (HRW), unos 200 estarían aún vivos.
Incluye testimonios de violaciones, golpes, mutilaciones, así como choques eléctricos en órganos sexuales.
El grupo de trabajo aseguró que también hubo graves violaciones de los derechos humanos contra niños, campesinos e indígenas.
El informe sugiere que hubo una política de Estado, por acción u omisión, que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8.350 indígenas, aunque la cifra podría ser mayor.
El trabajo de la CNV fue destacado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que pidió una divulgación "lo más extensa posible" de sus hallazgos y recomendaciones.
Amnistía Internacional consideró el informe como un "paso histórico" que "abre el camino para que la ley de amnistía no sea un obstáculo para investigar estos crímenes", según su director en Brasil Atilo Roque.
NO A LA AMNISTÍA
La CNV consideró que la aplicación de la ley de amnistía de 1979, que protege a los militares que violaron los derechos humanos, es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional.
Esos delitos "constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía", dice el informe en sus recomendaciones.
También exhorta a las Fuerzas Armadas a pedir disculpas.
La comisión propone además que se prohíban celebraciones oficiales que conmemoren el golpe de Estado y que se incluyan temas sobre democracia y derechos humanos en el currículo de las academias militares y policiales.
Recomienda garantizar además la atención médica y psicológica permanente de víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Pide, finalmente, instalar en Brasilia un Museo de la Memoria, continuar con la localización de los desaparecidos y fortalecer la política de localización y apertura de archivos de la dictadura militar.
