La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy que recibió información sobre la existencia de un grupo vinculado al gobierno de Colombia que realiza "operaciones de inteligencia" contra sus actividades en el país.

En un comunicado, la CIDH expresó su "profunda preocupación" ante "informaciones" de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia conformó un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3) para dar seguimiento específico a la Comisión en sus "actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional".

La Comisión, que no citó la fuente que le ha proporcionado la información, acusó a ese grupo de llevar a cabo "un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005, encabezada por la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán".

El comunicado cita un expediente del DAS en el que se explican los objetivos de ese operativo, y asegura que la agencia lo autorizó para "determinar los casos que la relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado".

"Estas actividades violan el compromiso del Estado de respetar los privilegios e inmunidades de los representantes de la OEA, y de cumplir de buena fe con el fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados del sistema interamericano", sentencia el comunicado.

Estos operativos, agrega, "afectan gravemente la tarea de los defensores de derechos humanos de Colombia", cuya situación preocupa especialmente a la Comisión, entre otras cosas "por su señalamiento, por parte de altas autoridades del Estado, como miembros de la guerrilla".

La CIDH reiteró que los Estados deben "abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en su correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas", y que deben "sancionar disciplinaria y penalmente a quienes incurran en estas prácticas".

El pasado 16 de julio, la Comisión solicitó al Estado de Colombia información sobre todas las operaciones de inteligencia dirigidas a sus actividades y las de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

La Comisión asegura que el Estado le respondió con una condena de las "actividades ilegales" del ente de inteligencia que depende del Ejecutivo, y resaltó su compromiso de convertirlo en una entidad "confiable y transparente".

Por ello, la CIDH instó a Bogotá a que "identifique a los responsables" de las operaciones y a que "haga una profunda revisión de los organismos de inteligencia del Estado", para asegurarse de que no contradicen los estándares de protección de los derechos humanos.

Además, la Comisión ha presentado formalmente esta información al Secretario General y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo al que la CIDH está vinculada con carácter autónomo, para que adopte las medidas que correspondan.