Esta tarde se constituyó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagará eventuales irregularidades en la entrega de recursos a organizaciones no gubernamentales (ONG) durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
La instancia fiscalizadora será presidida por el diputado de la UDI Carlos Recondo, y estará integrada por un total de siete parlamentarios de la Alianza y seis de la oposición.
Los parlamentarios UDI miembros de la comisión, Felipe Salaberry, Gonzalo Uriarte, Gustavo Hasbún y Giovanni Calderón, manifestaron su intención de citar a Bachelet a declarar ante la instancia. "Esperamos contar con el testimonio de la ex Presidenta", comentaron.
Al respecto, Recondo afirmó que esto "es algo que debe acordar la comisión en su oportunidad", aunque tomando en cuenta la mayoría con la que cuenta la Alianza, existen altas posibilidades que la ex Mandataria sea citada. "A mí lo que me corresponde como presidente es dar garantías a todos los sectores de que la función fiscalizadora de la Cámara se va a cumplir de acuerdo al reglamento y a la ley", afirmó.
"La comisión investigadora no sólo tiene por objeto tratar de visualizar irregularidades, sino que también el objeto de los traspasos de recursos hacia las ONG, si se cumplieron los objetivos para los que fueron destinados esos recursos, si estos fondos tenían justificación plena", añadió el parlamentario.
CARDEMIL: "NOS PARECE ESCANDALOSO"
En tanto, el diputado Hasbún dijo que existe "una histeria colectiva por parte de la Concertación de no querer que se fiscalice. Nosotros como diputados tenemos todo el derecho y la potestad para hacerlo".
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, también miembro de la comisión, afirmó que "esta es la Cámara de Diputados, y es una institución que debe darle cuenta al país del uso de estas platas. Nos parece escandalosa la forma cómo se han manejado los fondos de asignación a las ONG en los pasados gobiernos, y especialmente en el último".
"Se han hecho asignaciones millonarias a organizaciones ligadas a la Concertación, en desmedro del resto de los chilenos, con desigualdad ante la ley, porque son platas de todos y nadie tiene derecho a usarlas solamente para engrosar los bolsillos de los que están apitutados en el Gobierno", afirmó otro de los miembros de la comisión, el RN Alejandro Santana.
La instancia fiscalizadora sesionará todos los jueves a contar de las 13.00 horas, durante cuatro meses. La primera sesión se realizará el 5 de agosto, fecha en que los miembros de la instancia entregarán un listado de ex funcionarios y autoridades de la administración Bachelet que podrían ser citados a declarar.