El 89% de los alumnos del sistema de educación superior estudia en una institución acreditada y 86 planteles cuentan con certificación, mientras que otros 57 no lograron pasar esta prueba de calidad, lo que equivale a un 40% del total. En tanto, el 34% de los programas de pregrado fueron aprobados y el 34% quedaron sin la certificación.

Esas son algunas de las cifras que la cuenta pública de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) reveló.

Según las estadísticas del organismo, el 48% de las carreras de los planteles del Cruch están certificadas, mientras que en las universidades privadas sólo un 34% cuenta con acreditación y en los institutos profesionales la cifra llega al 21%. El menor índice lo concentran los centros de formación técnica, que cuentan con un 13% de sus programas certificados.

Según Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, las cifras son positivas, considerando que la acreditación de carreras es opcional. "No es raro que los planteles pongan su mayor esfuerzo en acreditar la institución más que la carrera, porque la acreditación institucional abre la puerta a los recursos del Crédito con Aval del Estado y a la gratuidad", dijo Figueroa.

En ese sentido, el experto remarcó que "para muchos planteles el prestigio de la institución es suficiente y tiene menos incentivo para acreditar la carrera, porque los alumnos se fijan en la certificación institucional. Como la acreditación de carreras es cara, optan por invertir en esos recursos en otras áreas".

En tanto, para Mauricio Bravo, director del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, es importante elegir una carrera fijándose en ambas certificaciones. "La acreditación de carreras mide que los procedimientos académicos existan, sean claros y transparentes. Es una garantía de calidad y la universidad que está acreditada y cuenta con más carreras en esta categoría da mayor garantías".

La reforma a la educación superior, que actualmente está en tramitación en el Parlamento, cambia la acreditación institucional voluntaria por una obligatoria. Además, suprime la certificación por carrera, a excepción de Pedagogía y Medicina, que deberán continuar sometiéndose a la evaluación. También integra en la acreditación institucional la revisión aleatoria de un grupo de carreras, que serán definidas en un reglamento posterior. Según Alfonso Muga, presidente de la CNA, "conviene sopesar esta derogación teniendo en consideración que la acreditación de carreras y programas es lo usual en la experiencia internacional". Además, Muga agregó que hay evidencias "del efecto positivo" de la certificación de programas.

Reforma

Una de las grandes discusiones que se dará cuando se comience a votar la reforma será cuando se vea la parte de acreditación y los requisitos para lograrla. Algunos parlamentarios han criticado que se obligue a todos los plan teles a tener investigación.

Esta visión es compartida por Muga, quien señaló que "la noción de universidad, en mi opinión, no tiene por qué ser asociada a investigación".

Muga remarcó que habrá problemas en el futuro para los planteles que son pequeños, como universidades CFT e IP de menos de mil alumnos. "Es posible que con las exigencias que se van a colocar sea difícil que puedan certificarse".

En esa línea, el presidente de la CNA remarcó que no acreditar puede suponer el cierre de una institución. "La no acreditación supone no recibir fondos públicos, no ser sujeto de gratuidad o poder recibir el CAE. En la práctica, significa el cierre de las instituciones".

Si esto llegara a suceder, Muga señaló que sólo se podría esperar tener un cierre ordenado de universidades u otras instituciones y que "no se deje a los estudiantes en una situación de incertidumbre".