"Nos hacemos cargo de una materia que no ha tocado Contraloría, que tiene que ver con otras 544 pensiones de retiro que superan el tope legal de 60 UF y que han sido otorgadas en los últimos 10 años. Sobre eso, el organismo era de la idea de mantenerlas, pero nosotros vamos a pedir que se estudie el inicio de acciones legales para que la justicia las invalide". De esta forma explicó el diputado PS Leonardo Soto, presidente de la comisión investigadora de las pensiones abultadas en Gendarmería, la medida que propondrá para ser votada y aprobada por la instancia.

Esta podría ser confirmada hoy o mañana, cuando sus miembros revisen las conclusiones, entre los que están los diputados Nicolás Monckeberg (RN), Karla Rubilar (ind.), Jaime Pilowsky (DC) y Jorge Ulloa (UDI).

En específico, se solicitaría esta medida al Consejo de Defensa del Estado (CDE) "para que accione la nulidad de las jubilaciones que actualmente se pagan, otorgadas en su momento por sobre el límite legal, ante los tribunales", dijo el parlamentario.

En ese sentido, agregó que "estableceremos responsabilidad política o administrativa de parte de los últimos directores generales de Gendarmería. Ellos, por acción u omisión, contribuyeron a este estado de cosas y que este catálogo de abusos se fuera instalando al interior de la institución".

Soto señaló, además, que "también tenemos un capítulo especial para los abusos que se pueden cometer en el caso de las pensiones que entrega la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). Nosotros ratificamos nuestra postura de que en Capredena ha habido manipulación de pensiones y que los más altos mandos de esa institución se han otorgado para sí mismos".

El viernes pasado, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, envió un oficio al contralor Jorge Bermúdez. En el documento se requirió información sobre las jubilaciones de ex funcionarios de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), en el marco de un caso de presunto fraude al Fisco por supuesto abultamiento de los montos, el que fue denunciado en 2010.

La pieza clave para retomar las acciones fue la declaración, en calidad de testigo y realizada el 19 de enero, del ex director de Dipreca (entre 2010 a 2014) Carlos Jerez, en el marco de la investigación de la fiscalía sobre las irregularidades registradas en Gendarmería.

La ex autoridad reveló que en 2010 se hizo un análisis que permitió detectar "97 casos de ex funcionarios de la entidad que recibían jubilaciones abultadas, que equivalen a un perjuicio fiscal de $ 16 mil millones por el período. Estas decisiones las habían adoptado anteriores directores de Dipreca y todas las resoluciones tenían la toma de razón de la Contraloría".

Un sumario del organismo fiscalizador en 2012 ratificó que estas 97 jubilaciones estaban fuera de la ley, pero que no se podían recalcular esos montos porque la falta que daba origen al pago indebido ya estaba prescrita en la mayoría de los casos.

Hoy, tras el pronunciamiento del nuevo contralor, que establece que para estas jubilaciones existe un tope de 60 unidades de fomento (UF), la fiscalía retomó el caso.

Consultado el organismo sobre el tema, señalaron que "en cumplimiento de la normativa, esta Contraloría no puede referirse al contenido de investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Por ende, no confirma ni descarta la eventual recepción de oficios o diligencias de parte de la fiscalía".

En tanto, desde Dipreca explicaron que están recopilando antecedentes para esclarecer los hechos denunciados.