Cómo funciona el sistema de colegios subvencionados con copago en Chile

En Isla de Pascua hay tres colegios: uno municipal y dos particulares subvencionados. Uno de ellos es gratuito. El otro es el colegio Hermano Eugenio Eyraud, que funciona con la subvención estatal más un aporte de los padres de $ 40 mil al mes.

La escuela tiene 300 alumnos y es el primer establecimiento religioso en la isla desde que en 1960 se fueran las hermanas misioneras de Boroa. También es uno de los 19 colegios que posee en el país la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica, uno de los sostenedores con más establecimientos bajo el sistema de financiamiento compartido (FC).

Según Edgardo Fernández, presidente de la fundación y vicario de Educación de Valparaíso, la red recibe, por copago, cerca de $ 1.500 millones al año. "Eso nos sirve para abordar remuneraciones, que la subvención no alcanza a financiar".

En Chile hay cerca de 3,5 millones de escolares repartidos en 12.500 establecimientos. De ellos, más de dos mil colegios operan con FC, según datos del Mineduc obtenidos por Ley de Transparencia. A junio, éstos educaban a más de 1,3 millones de niños, lo que equivale al 67,3% de la matrícula del sector subvencionado, según las cifras oficiales.

La mayoría se concentra en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío. En cuanto a las comunas, la que más alberga es Maipú, donde hasta el mes pasado, según el Mineduc, había 107 colegios (cerca del 60% del total de subvencionados de la comuna). Le sigue La Florida, con 103 escuelas bajo esta modalidad.

En promedio, se cobran $ 16 mil al mes y el máximo puede llegar a $ 80 mil. En total, todos los apoderados aportan al año US$ 470 millones a todos los colegios, lo que equivale al 8% del total de ingresos del sector subvencionado.

LOS SOSTENEDORES

Los sostenedores con más colegios con copago están liderados por la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día, con 40 establecimientos y una matrícula de 25 mil estudiantes. Le siguen los salesianos, con 25 mil alumnos y 23 colegios.

Sin embargo, según datos de la UDP, las organizaciones sin fines de lucro católicas sólo poseen el 16% de los establecimientos del país.

El 60% de los colegios con copago está en manos de sostenedores individuales con fines de lucro. El 13% es propiedad de entidades que poseen varios colegios y declaran fines de lucro, y otro 5% es municipal.

"Más del 80% de nuestros establecimientos están administrados por sostenedores que fueron profesores", dice Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares (Conacep).

Para él, sus sostenedores serían los más afectados en caso de prosperar la idea que circula entre expertos y candidatos de eliminar el financiamiento compartido, esto es, la posibilidad que tienen los colegios subvencionados de cobrar a los apoderados.

Según sus críticos, el principal argumento para pedir su fin es que el mecanismo ha producido segregación. "La evidencia muestra que el financiamiento compartido no genera calidad y genera más segregación", dice el director del Instituto de Políticas Públicas de la UDP, Gregory Elacqua. En otras palabras, que los colegios se segmentan según la capacidad de pago de los apoderados.

Según Elacqua, esto se produciría por dos vías. "Los colegios se instalan en comunas donde hay más capacidad de pago o se instalan en un barrio vulnerable y sólo matriculan a los niños que provengan de familias con más capacidad de pago de ese sector, generando una segregación local", agrega.

Respecto de la calidad, un estudio elaborado por Alejandra Mizala, directora académica del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile, concluyó que el hecho de que las escuelas tengan más recursos a través del copago no los hace más capaces de superar el nivel socioeconómico de sus alumnos. En otras palabras, que los colegios no dan más valor agregado.

Una situación que los sostenedores refutan. La Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) tiene 19 colegios, con un copago de $ 6.800 promedio al mes. Sin embargo, el 65% de los niños asiste gratis, dice Lily Ariztía, gerenta de la red.

Los recursos adicionales obtenidos por la mensualidad de los padres son sólo un 8% del presupuesto de la red, agrega Ariztía. "Se dedican a cosas que no podemos hacer con la subvención, que no alcanza para la calidad que ofrecemos".

Similar es la situación de la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día, que posee 40 colegios. "El gran porcentaje del alumnado es de nivel socioeconómico medio bajo", dice Hugo Cameron, director nacional de educación de la corporación. Agrega que los padres cuyos hijos no tienen becas o no son "prioritarios" cancelan una mensualidad promedio de $ 25 mil.

Cameron añade que estos recursos "se reinvierten, sea a través de capacitación para los docentes, proyectos de mejoramiento educativo o incentivos al desempeño".

Para Carlos Veas, secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), "los colegios con copago ayudan a la integración social y no a la segregación". Se refiere a las becas gratuitas que deben otorgar a los alumnos vulnerables.

Al respecto, el ecónomo provincial salesiano, padre Nelson Moreno, dice que "si los alumnos, sin importar su condición de pago, son parte del mismo curso y están en las mismas salas de clases (...), el hijo del gerente de una compañía, de una pyme o el hijo del obrero, me pregunto: ¿Dónde está la segregación?".

Un dato que Elacqua no comparte. Según sus investigaciones, "en el 40% de los colegios con financiamiento compartido no hay ningún alumno pobre. Mientras que sólo el 5% de los municipales tiene esta situación", dice el académico.

¿FIN AL COPAGO?

Para los expertos, el Estado debería ir subiendo el monto de la subvención de manera gradual a medida que se elimina el copago.

Por ejemplo, que si un colegio recibe la subvención adicional para la clase media (en trámite en el Congreso), no pueda cobrar a sus alumnos, plantea Elacqua.

"No hay estudios que digan que eliminando el financiamiento compartido mejorará la educación. Simplemente es reemplazo de platas por platas", dice Herrera.

Para la SIP, el tema es clave. "Sé de sostenedores que están pensando en cerrar. Los grandes afectados son los que atienden a la clase media", sostiene Ariztía.