Mucho antes de que asumiera la Presidencia de Sudáfrica en abril de 1994, Nelson Mandela entendió que gran parte de sus esfuerzos debían estar puestos en la reconciliación del país, tras décadas de régimen segregacionista del apartheid. Con ese objetivo, en 1995 creó, por medio de una ley, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Una instancia liderada por el arzobispo anglicano Desmond Tutu, que fue instituida tomando como base la experiencia llevada a cabo en Chile: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, encabezada por Raúl Rettig, que funcionó en 1990 y 1991 y que terminó su labor con la entrega de un informe sobre las víctimas mortales durante el régimen militar (1973-1990). Antes de llegar al poder, en febrero de 1994 Mandela y sus cercanos comenzaron a buscar la fórmula para esclarecer los crímenes del pasado y cimentar un futuro sin rencores. Estudiaron varios modelos y escucharon a muchos expertos de distintos países. Al recién llegado embajador de Chile en Sudáfrica Jorge Heine le correspondió explicar la experiencia chilena, para lo cual fue entrevistado en radio y televisión, se reunió con autoridades, parlamentarios y ONG, y la embajada distribuyó resúmenes de 80 páginas de lo que fue el informe Rettig.
La instancia de intercambios entre Chile y Sudáfrica se profundizó con una serie de visitas. Entre esas se cuenta el viaje que hizo el ex Presidente Patricio Aylwin y el ex miembro de la Comisión Rettig, José Zalaquett, a Ciudad del Cabo, en julio de 1994.
Según Zalaquett, tres cosas de la experiencia chilena impresionaron a los sudafricanos: el nombre; el profesionalismo, transversalidad e independencia, y el gesto del Presidente Aylwin de dar a conocer el informe y pedir perdón a nombre del Estado.
La comisión sudafricana comenzó a funcionar en 1996, y en los siguientes dos años y medio llamó a declarar a parientes de víctimas, funcionarios de gobierno, agentes de inteligencia y miembros de las Fuerzas Armadas en los años del apartheid. Determinó que hubo 27 mil víctimas de la violencia entre 1960 y 1993 y se presentaron 7.000 solicitudes de amnistía, muchas de las cuales fueron acogidas. A diferencia del caso chileno, la comisión no sólo buscó establecer la verdad, ya que incentivó a los represores para que concurrieran a declarar con la posibilidad de poder solicitar una amnistía si reconocían los crímenes, unas declaraciones que eran públicas y divulgadas por los medios de comunicación. Para Sudáfrica "fue más importante el proceso (de la comisión) que el resultado final", a diferencia de lo sucedido en Chile, dijo a La Tercera, José Zalaquett.
Ante la pregunta de si la copia de la comisión (la sudafricana) resultó mejor que la original (la chilena), Jorge Heine responde sin dudas a La Tercera. "Los sudafricanos tomaron la experiencia chilena y la llevaron mucho más allá. La chilena fue creada por decreto, la sudafricana por legislación; (...) la chilena no tuvo poderes para obligar a personas a testificar, mientras que la sudafricana sí; y la diferencia tal vez más importante radicó en la realización de vistas públicas, que en Chile no se pudieron hacer, mientras que en Sudáfrica sí".
