Algunas iniciativas para crear o aplicar leyes antiterroristas en la región se han topado con obstáculos para lograr consenso sobre lo más básico: ¿qué significa exactamente terrorismo?

Políticos y activistas desde Brasil hasta México han advertido que tales normas sin definiciones claras podrían limitar libertades o derechos como el de la protesta social.

El asunto cobró relevancia en Chile, un país sacudido por el peor ataque con explosivos que conoció en más de dos décadas y donde se preparan cambios a una polémica ley antiterrorista heredada del régimen militar de Augusto Pinochet.

CONCEPTO CAMBIANTE

El concepto "terrorismo" también ha sido evocado recientemente en otros países de la región, sugiriendo que su significado puede variar según quién esté en el poder y quién en la oposición.

"La palabra ganó una connotación para descalificar a adversarios", señaló Reginaldo Nasser, un experto en terrorismo y profesor de relaciones internacionales en la Pontificia Universidad Católica (PUC) de São Paulo.

"Entonces termina siendo utilizado en contextos bastante diferentes", observó en diálogo con BBC Mundo.

AYER Y HOY

Nacido en la Revolución Francesa de 1789, el término "terrorismo" integra desde hace décadas el vocabulario político latinoamericano. Pero su uso ha variado en función de los contextos políticos.

A menudo se habla de "terrorismo de Estado" para definir los crímenes cometidos por dictaduras y gobiernos autoritarios en varios países de la región entre los años 60 y 80.

En esa época Washington solía etiquetar de "terroristas" a guerrillas latinoamericanas de izquierda.

Hoy la región tiene presidentes electos democráticamente como el uruguayo José Mujica o la brasileña Dilma Rousseff, que integraron grupos guerrilleros y fueron presos y torturados por los militares que gobernaban sus países.

BRASIL: LA LEY ANTITERRORISTA EN EL CAJÓN

Durante el gobierno de Rousseff, Brasil discutió este año antes de recibir el Mundial de fútbol un proyecto de ley antiterrorista. Pero al final fue encajonado en medio de advertencias de que podría emplearse contra protestas sociales como las que el país tuvo en 2013.

El texto discutido en el Senado creaba el delito de "provocar o difundir terror o pánico generalizado" y establecía penas mínimas de 15 años de cárcel.

"El propio gobierno terminó considerando que tenía un riesgo político muy grande, había divisiones en la base misma del gobierno", dijo a BBC Mundo Maurício Santoro, politólogo y asesor de Amnistía Internacional, una organización de derechos humanos.

Pero la historia varía de país en país.

LEY DE ARGENTINA 2011

En Argentina, la ley antiterrorista de 2011 contempla castigos para delitos del código penal "cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población" u obligar a autoridades locales, gobiernos y agentes de organizaciones internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, amagó en agosto con activar por primera vez una ley local antiterrorista.

¿El objetivo? La empresa estadounidense Donnelley, a la que acusó de intentar atemorizar a la población al pedir la quiebra de una filial local de la imprenta y cerrar una planta.

Al final el gobierno evitó hacerlo, pero sus opositores concluyeron que la norma de 2011 puede usarse "para cualquier cosa" y pidieron derogarla.

El oficialismo replicó que esto expondría al país a sanciones, argumentando que la ley responde a convenciones internacionales que Argentina suscribió.

VENEZUELA

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, es uno de los líderes de la región que más usa el término "terrorismo" contra adversarios y recientemente se lo aplicó incluso a medios de información.

Vanezuela aprobó en 2012 una ley que define terrorismo de un modo similar a la argentina e incluye actos que puedan "desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país".

La norma fue cuestionada por la oposición porque a su entender busca intimidar y perseguir a contrarios al gobierno.

DESPUÉS DEL 11/9

Latinoamérica tiene una historia reciente de ataques violentos de organizaciones políticas, criminales o de otro tipo.

Algunos siguen impunes, como el que mató a 85 personas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) hace dos décadas.

Menos de un año después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los países del hemisferio aprobaron una Convención Interamericana contra el Terrorismo durante una asamblea general de la OEA.

El texto dice que el terrorismo es una "grave amenaza" a los valores democráticos y la seguridad internacional, pero carece de una definición específica.

En cambio, cita el concepto de "delito" establecido en acuerdos internacionales, por ejemplo contra la toma de rehenes o el apoderamiento ilícito de aeronaves.

También esta convención ha recibido críticas de quienes sostienen que se concentra en posibles acciones de individuos o grupos y evita ocuparse del terrorismo de Estado.

ANTITERRORISMO EN MEXICO

Al igual que Argentina y Venezuela, otros países han legislado recientemente al respecto.

En México se aprobó en febrero una reforma legal propuesta por el gobierno contra el terrorismo, su financiación y el lavado de dinero.

La ley mexicana considera terrorismo a los ataques con diferentes armas o materiales contra instalaciones públicas, en especial las estratégicas como aeropuertos o plataformas petroleras.

Incluye además el secuestro de aviones o embarcaciones, y los actos que provoquen terror, miedo o causen daño a la población.

Pero México es otro país donde senadores de izquierda se opusieron a los recientes cambios, afirmando que su interpretación podría habilitar a la justicia a reprimir movimientos o protestas sociales ajenos al terrorismo.

EL RETO CHILENO

Ahora es el turno de Chile.

A comienzos de mes, un atentado con explosivos dejó 14 heridos en un centro comercial del metro de Santiago, la más dañina de cerca de 200 bombas caseras instaladas en el país en la última década.

Las autoridades arrestaron a tes miembros de una presunta célula anarquista sospechosa de haber realizado el ataque.

Chile cuenta con una ley antiterrorista que la presidenta Michelle Bachelet había anunciado que podría invocarse para este caso.

Pero la norma, que data del régimen del general Augusto Pinochet, también ha sido criticada dentro y fuera del país, incluso por la ONU, después de que la justicia la usara para condenar a miembros del pueblo mapuche que tienen un conflicto con el Estado por tierras.

Se espera que el gobierno proponga próximamente una reforma a esa ley, en base a recomendaciones efectuadas por una comisión de expertos.

CUESTIONES SENSIBLES

Pero incluso antes de conocerse esa iniciativa surgieron cuestiones sensibles.

El fiscal que lleva el caso del atentado en el metro, Raúl Guzmán, pidió que la ley establezca que, además de grupos u organizaciones, un solo individuo puede cometer actos terroristas. Se trata de algo que genera discrepancias dentro y fuera del país.

El reto chileno es probar que el estadounidense Joyner estaba equivocado con su comparación entre terrorismo y pornografía, y lograr esta vez un acuerdo amplio sobre qué se pretende combatir exactamente.