La mañana del 19 de noviembre de 2012 Colombia se despertó con una mala noticia: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concedió a Nicaragua los derechos económicos sobre una extensión de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, mientras que ratificó la soberanía colombiana de siete cayos que rodean al archipiélago de San Andrés, dos de los cuales quedaron enclavados en las nuevas aguas del país centroamericano. En este caso, los derechos económicos atribuidos a Managua quedaron asociados a los recursos de pesca y petróleo, que son las principales riquezas que tienen estas aguas caribeñas en disputa.

Así a poco más de un año después del dictamen y pese a que el presidente colombiano señaló que era "inaplicable", su gobierno ha comenzado a avanzar en este tema. "La gente no ha entendido que no nos sacaron del área y que los pescadores siguen donde siempre estuvieron. Se hizo una imagen negativa desde el primer día y ha sido difícil que la gente entienda que a los sanandresanos no les cambió la vida, salvo a los pescadores que perdieron capacidad porque ahora hay también nicaragüenses en la zona", dijo esta semana la canciller colombiana, María Angela Olguín al diario local El País.

En conversación con La Tercera, el destacado analista internacional colombiano de la Universidad de Rosario, Ricardo Abello, señala que el acuerdo se está cumpliendo en lo relativo a los permisos pesqueros.

"En este tipo de fallo, lo que se debe cumplir es sobre espacios marítimos que conllevan cierta complejidad y, como todas las decisiones, es imposible aplicarlas de la noche a la mañana. En ese sentido, el fallo parcialmente se está cumpliendo. Hay que mirar dónde se están pidiendo los espacios de pesca, que en este caso es Managua", señaló. "Hay otro tipo de cosas -que es lo que dice el Presidente Santos- en las que se requiere de un tratado para poder cumplir. Por ejemplo, en esa zona entre los enclaves entre Quita Sueño y la isla Providencia y Santa Catalina se cruzan derechos de Nicaragua con derechos de Colombia. En la medida que existe una zona económica exclusiva donde Nicaragua tendría derechos económicos sobre unos derechos colombianos que se derivan de la zona contigua. Entonces son zonas donde creo que se requiere que haya una plena claridad de cuáles son los derechos de cada uno y en sentido se requiere de un tratado", añadió.

Ex canciller nicaragüense Norman Caldera señala también que "en el fondo Colombia está respetando" la sentencia y que "todos los países que están pescando en la zona, están solicitando permisos de pesca en Nicaragua", según expresó a la prensa local. De acuerdo con la revista colombiana Semana, desde que conoció el fallo, el gobierno colombiano ha consultado con hasta seis estudios de abogados nacionales e internacionales, se retiró del Pacto de Bogotá (1948) que reconoce la jurisdicción de la CIJ y sometió la resolución a la revisión de la Corte Constitucional, que tendrá que determinar si esta modificación de límites se ajusta a la Carta Magna. Tras numerosos estudios, Santos anunció la estrategia colombiana el 9 de septiembre pasado y afirmó que el fallo "no es aplicable y no será aplicable" hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos y que debe concordar con el texto de la Constitución.

Esa estrategia también decreta una Zona Contigua Integral entre el archipiélago y la costa continental colombiana (ver infografía) para definir su zona de jurisdicción, busca proteger la Reserva de la Biósfera Seaflower -parte de ella ubicada en las aguas que estaban en disputa- y lidera una campaña internacional para frenar los "ánimos expansionistas" de Nicaragua en el Caribe.

El país centroamericano presentó el 16 de septiembre pasado una nueva demanda contra Colombia ante el tribunal de La Haya para que declare el "rumbo exacto" de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, lo que Santos rechazó. De prosperar esta demanda, en un tiempo que los analistas calculan en cerca de una década, Colombia ya habrá salido del Pacto de Bogotá y la CIJ ya no tendrá jurisdicción para solucionar este asunto.

Además, el gobierno colombiano ya comenzó a cumplir los primeros compromisos que contrajo con la población isleña, a la que prometió inversiones de 285.000 millones de pesos colombianos (unos US$ 148,4 millones).

Los pescadores tradicionales han recibido lanchas, apoyo para proyectos productivos y ayudas económicas para paliar las consecuencias del fallo, y también han sido socorridas algunas empresas de pesca industrial que tenían capacidad para llegar a las aguas que ahora pertenecen a Nicaragua y que han visto restringido su radio de operación.