A fines de septiembre pasado, es decir, hace poco más de un mes, el gobierno anunció que retiraría la invocación a la Ley Antiterrorista de la acusación contra cuatro comuneros. Se trata de los imputados por la quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas, ocurrida en junio de 2016, en La Araucanía, quienes mantuvieron una huelga de hambre que superó los cien días y que finalmente llevó a La Moneda a concretar su determinación. Este jueves, sin embargo, tres de ellos anunciaron que reanudarán la medida de protesta.
En rigor, Ariel Trangol nunca depuso la manifestación, pero sí lo habían hecho sus hermanos Pablo y Benito, quienes ahora comunicaron que la retomarán. Alfredo Tralcal, en tanto, es el único acusado del caso que no se ha sumado.
Hace un mes, la huelga de hambre fue depuesta tras el anuncio del Ejecutivo de que modificaría la acusación. Incluso, la Presidenta Miche-lle Bachelet se reunió con la madre de los hermanos Trangol. El cambio significó también una crisis en el gabinete, producto de la supuesta molestia del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
Robinson Trangol, vocero de los comuneros, explicó que en el caso de Benito, "hoy (jueves) inició una huelga seca, por el incumplimiento del gobierno, que no ha respetado su palabra: se los mantiene encarcelados, siendo que no hay pruebas que los involucren. No hay un juicio aún y ni siquiera les han dado la medida de cambio de cautelar", indicó.
Agregó que "esta situación ha generado la molestia de la familia; creemos que es mucho el abuso por parte del gobierno, que no cumple su palabra. Que se recalifique ya, porque están muy complicados en su salud, necesitan estar en su casa esperando el juicio y ser vistos por machis".
Robinson pidió, además, que personal médico especializado revise el estado de salud de los imputados. "Todos están complicados. Queremos hacer un llamado para que los médicos vean cómo se encuentran", dijo.
En esta investigación, la fiscalía no modificó su calificación del delito y mantiene su acusación por incendio de carácter terrorista.
El reciente lunes 30 de octubre, la audiencia de preparación del juicio oral en contra de los cuatro comuneros sufrió un nuevo aplazamiento. Esto, según la Fiscalía Regional de La Araucanía, se debió a nuevos requerimientos efectuados por las defensas. Por ello, las audiencias preparatorias fueron reagendadas por el Juzgado de Garantía de Temuco para el 13 de noviembre.
Críticas
Federico Aguirre, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que, a su juicio, "el gobierno ha cumplido con lo que se compro- metió, que fue el recalificar desde la condición de querellante los hechos bajo la calificación de terrorista, y eso lo expresó claramente el ministro del Interior".
En lo que respecta a la posible evaluación futura del estado de salud de los huelguistas, Aguirre sostuvo que "podríamos pedir la colaboración de algún médico o la intervención del Departamento de Derechos Humanos y del Colegio Médico; tenemos que evaluarlo, conversar con los comuneros".
Algunos gremios productivos también reaccionaron frente a la decisión de retomar la huelga de hambre.
Marcelo Zirotti, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo), afirmó que "es una presión excesiva de parte de los comuneros, ya que tuvieron una huelga de hambre y algo consiguieron. Vemos una debilidad del gobierno; accedieron la primera vez y ahora los imputados saben que van a tener que acceder una segunda. Espero que no".
Para Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, esta nueva huelga de hambre se debe a la "indefinición" del Ejecutivo para tratar estos temas. "Estas personas hacen un uso inteligente de la falta de definición del gobierno", indicó.
