Los magistrados de la Corte Suprema revisan desde hoy el recurso de nulidad que busca dejar sin efecto el juicio y la condena sobre cuatro comuneros mapuches declarados culpables del atentado al fiscal Mario Elgueta, ocurrido en octubre de 2008 en Puerto Choque, Tirúa, en la Región del Biobío.

A la audiencia de revisión de alegatos asistieron autoridades nacionales e internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema, Amerigo Incalcaterra; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes; además de parlamentarios como el senador Alejandro Navarro (MAS). Además del jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública del Biobío y abogado de uno de los comuneros, Pelayo Vial Campos, quien viajó desde Concepción para defender el recurso ante el máximo tribunal.

Dentro de los argumentos de la defensa de los comuneros, que ya permanecen 59 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol, están las infracciones al debido proceso, que ocurrieron durante el juicio realizado en Cañete y que terminó con la absolución de otros 13 comuneros que fueron acusados de homicidio frustrado a un fiscal del Misterio Público, lesiones a personal de la PDI que acompañaba al representante de la Fiscalía, asociación ilícita terrorista y asociación ilícita para el robo y hurto de madera.

En esa oportunidad, Héctor Llalitul Carrillanca fue condenado a 25 años de cárcel, cinco años por el homicidio frustrado y otros 10 por robo con intimidación, mientras que los comuneros Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, recibieron 20 años de presidio. Quienes permanecen en el penal de la Región de la Araucanía en un preocupante estado de salud, como indicó esta mañana el abogado Pelayo Vial.

La resolución ante este recurso de nulidad estaría el próximo lunes 16 de mayo.

LEY ANTITERRORISTA
Esta mañana, además, el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, se reunió con el titular de la Corte Suprema Milton Juica, para plantearle su preocupación por el llamado "Juicio de Cañete" y la señal negativa que se da a la comunidad internacional desde Chile al aplicar la mencionada normativa.

Según el legislador el país se verá afectado al dar muestras de que acá hay terrorismo, en circunstancias que "el país está libre de ese mal".

"Además el uso de estas herramientas contra los mapuches deja a Chile como un país en el que se discrimina a las minorías y se violan los derechos humanos", dijo.

Frente a ello, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, llamó a revisar la ley antiterrorista.

"Nuestra posición en general es un poco crítica respecto a la vigencia de que exista una ley antiterrorista que en un Estado democrático, debiera ser corregida y atenuada, en su defecto, y asegurar de alguna manera el debido proceso a todos. Ese ya no es un problema de los jueces, sino que es un problema político que tiene que ser resuelto a través de modificaciones legales", sostuvo.