La Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad que busca reponer la entrega de la "píldora del día después", y el cual ingresa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con suma urgencia.

Esto, luego de que un dictamen de la Contraloría General de la República prohibiera su distribución a las municipalidades, ONG's y clínicas y hospitales de la red nacional de salud.

"Esto supone adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos. Queremos establecer que los órganos del Estado, con competencia en la materia, pondrán a disposición de la población los métodos anticonceptivos tanto hormonales como no hormonales", dijo la Mandataria sobre el proyecto de ley que ahora debe ser revisado por el Parlamento.

En una ceremonia realizada en el salón O'Higgins de La Moneda, Bachelet añadió que "queremos legislar para reconocer el derecho de las personas a elegir y acceder a métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina, sin coacción de ninguna clase, y de acuerdo a sus creencias y formación, y del mismo modo que efectivamente puedan acceder a ella".

Respecto de la "píldora", Bachelet dijo que a "ha estado en el centro de la polémica. Se trata de un mecanismo de anticoncepción de emergencia que está dentro de lo preceptuado  por la Organización Mundial de la Salud y que se puede adquirir en cualquier farmacia por quienes tienen recursos".

La Jefa de Estado explicó que "como queremos  que todas las chilenas tengan garantizado el derecho a usar la píldora y disponer de la mejor información  y consejo sobre ella es que hemos decidido legislar".

El ministro de Salud, Alvaro Erazo, se trasladará hasta el Congreso en Valparaíso para participar de la comisión, que comenzará a revisar el proyecto a partir de las 16:00.

La iniciativa pretende garantizar el acceso al anticonceptivo de emergencia, pero, además, incluirá programas de educación sexual, enmarcadas en una nueva política para la prevención de embarazos no deseados. Incluirá también un protocolo sobre la entrega del fármaco a mujeres que hayan sufrido una violación y que pidan la entrega del medicamento.

El texto establecerá asimismo el derecho a acceder a todos los métodos de anticoncepción de emergencia y la obligación del Estado de facilitar su acceso a quien lo requiera. Además, se establecerá una política de prevención de embarazos no deseados. Se descartó una reforma constitucional, porque el Ejecutivo tratará de probar que el fármaco no es abortivo.