Los cambios que propone el proyecto de ley que establece el fin al lucro, el copago y la selección a nivel escolar ha desatado la preocupación entre los dueños de colegios  subvencionados. Esto, principalmente, por las condiciones que establece el Estado para la compra de recintos que acepten seguir cumpliendo el rol educacional, pero ahora sin fines de lucro. 

El punto que más inquieta, a juicio de Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y Subvencionados (Conacep), es la exigencia que fija el proyecto para adquirir la infraestructura necesaria, ya que el Estado pagará solamente a aquellos que sean sostenedores y dueños del inmueble, simultáneamente.

"El gobierno tiene un desconocimiento absoluto con respecto a temas de la propiedad; más del 70% de los sostenedores no son dueños de la infraestructura, y el gobierno con esta iniciativa de ley deja fuera a todos ellos, que no tienen ninguna posibilidad de continuar con el proyecto educativo por esta restricción".

Ante esto, Herrera plantea que "todo esto es una mentira, hacen todo para que los sostenedores no puedan cumplir con los requisitos (...) lo que buscan es destruir la educación particular subvencionada".

El secretario general de Conacep, Rodrigo Ketterer, manifiesta que con esto se ha dejado de lado el tema de la calidad de la educación. "Quiero ser tajante, aquí no hay un tema de pesos más o pesos menos, los sostenedores no queremos vender los colegios, queremos seguir educando. Bienvenidas todas las regulaciones que apunten a mejorar la calidad de la educación, a determinar una justa retribución por la inversión realizada y remuneración por la gestión cotidiana. Pedimos respeto por las reglas con las cuales el Estado nos incentivó a construir colegios. Y pedimos ser escuchados en nuestras propuestas para mejorar, tanto la educación municipal, como la particular subvencionada".