Una resolución ambiental considerada muy exigente por el sector privado fue publicada ayer por el gobierno. Se trata de un anteproyecto de norma de emisión para centrales termoeléctricas, que impulsa la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y que presentó para su discusión pública. La resolución impone límites a la emisión de material particulado y otras sustancias contaminantes (óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, entre otros) presentes en la operación de las centrales térmicas.
"Nos sorprendió, porque las exigencias son muy altas, superiores incluso a los estándares europeos y de los países que integran la Ocde, club al cual Chile acaba de adherir", dice una fuente vinculada a una generadora. Las empresas eléctricas podrán presentar sus reparos, porque la entidad dio 60 días para recibir observaciones.
La nueva norma afectará a las plantas existentes y a las nuevas. Tres años tendrán las centrales en operación para adaptarse a la normativa.
En el sector privado existe preocupación, porque con la nueva exigencia las eléctricas podrían verse obligadas a realizar millonarias inversiones para incorporar tecnología.
En los dos principales sistemas eléctricos del país, SIC y Sing, las centrales a carbón aportan una capacidad instalada de 2.000 MW, que es equivalente al 15% de la oferta de energía. En total, son más de cinco plantas que, en conjunto, podrían tener que desembolsar sobre US$ 300 millones.
Ejecutivos de la industria calculan que el costo adicional podría representar hasta 10% de la inversión total que considera un proyecto. "Esto significa que para una central de 300 MW, que involucra una inversión de US$ 600 millones, habrá que destinar otros US$ 60 millones para adecuarse a esa normativa", dice María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía. No obstante, la consultora considera que es positivo elevar las exigencias.
González indica que para las centrales muy antiguas, es posible que el gasto requerido sea muy relevante, "y que económicamente sea más conveniente retirar esas plantas del sistema y reemplazarlas por otras nuevas".
Respecto de los nuevos proyectos en construcción, fuentes del sector eléctrico indican que como los privados sabían que aumentaría la exigencia ambiental, gran parte de ellos incorporan la tecnología necesaria para respetar la nueva normativa. Por lo tanto, si bien hay otros 2.000 MW en centrales a carbón que entrarán en servicio antes del 2012, en varias de ellas, el gasto en inversión adicional no sería tan alto.
Fuentes de la Conama indicaron que la política energética de Chile señala en sus nuevos lineamientos que "se debe velar porque las opciones de generación energética minimicen los impactos sobre el medioambiente y sobre el territorio". En la entidad indican que hay una importante participación de termoeléctricas a carbón en el parque existente y futuro. Agregan que "hasta ahora, no hay exigencias de emisiones para plantas termoeléctricas. Sólo están bajo la calificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".
