A mediados de la próxima semana, los diputados de la DC que han encabezado la arremetida en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, sostendrán una reunión clave con el presidente del PRI, Pedro Araya.
La cita, a la que se sumarán otros parlamentarios concertacionistas, tiene como objetivo conseguir los votos de ese partido para presentar la acusación constitucional contra la autoridad regional UDI.
Desde que el senador Alejandro Navarro (MAS) diera a conocer la grabación en que Van Rysselberghe reconoció haber "inventado una historia" para entregar subsidios a familias que no fueron afectadas por el terremoto, los diputados DC Gabriel Ascencio y José Miguel Ortiz encabezaron una fuerte ofensiva en contra de la intendenta.
El lunes viajaron junto al presidente (S) de la colectividad, Fuad Chahín, a Concepción, para recopilar antecedentes que permitan no sólo redactar una acusación constitucional, sino también entablar una querella criminal en contra de Van Rysselberghe.
La cita con el PRI es clave para la Concertación, que necesita de 61 firmas para presentar el libelo. "Este tipo de iniciativas hay que estudiarlas en su mérito, si hay irregularidades la apoyaremos", dijo Pedro Araya.
Ayer, representantes de todos los partidos de la Concertación formalizaron su apoyo a la acusación constitucional.
Por la mañana, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, dijo que "hay mérito para una acusación constitucional" y, en horas de la tarde, los jefes de bancada del PPD y el PRSD adhirieron al libelo.
"Hay una responsabilidad clara y directa de la autoridad regional", señaló Ramón Farías (PPD), quien agregó que también se abre la opción de investigar la participación del la ministra de Vivienda, Magdalena Matte.
"Vamos a concurrir con nuestros votos, ya que es impresentable que el gobierno aún no tome una decisión", dijo el jefe de bancada del PRSD, Marcos Espinosa.
La idea es que la primera semana de marzo -cuando se retome el trabajo legislativo- los diputados tengan una copia de la acusación.
Además del PRI, la oposición busca sumar a sus pares del PC e independientes.
En la Concertación dijeron que la estrategia en los próximos días es aumentar la ofensiva en contra de Van Rysselberghe. Ello, porque la intendenta es considerada una de las cartas fuertes de la UDI para las senatoriales de 2013.
De prosperar la acción, Van Rysselberghe estaría inhabilitada para ejercer cargos públicos en los próximos cinco años. Así, de antemano se sostiene que la acusación sería presentada aun cuando la jefa regional deje su cargo, ya que este tipo de iniciativa puede ser activado hasta seis meses después de que una autoridad abandone su puesto.
En 2008, la entonces oposición estuvo disponible para abortar el libelo contra la ex ministra Yasna Provoste, en caso de que ésta dimitiera.
SUMARIO ADMINISTRATIVO
Ayer se conoció un informe de la Contraloría regional, que determinó que durante 2005- 2010, cuando Van Rysselberghe era alcaldesa, el municipio de Concepción formuló y aprobó presupuestos deficitarios. Así, hasta el 31 de mayo de 2010, la deuda exigible era de $ 3 mil 74 millones.
La investigación fue solicitada por el concejo municipal en abril de 2010, siendo otra de las conclusiones que los estados contables del municipio no entregaban la totalidad de información, por lo cual el organismo fiscalizador determinó instruir un sumario administrativo.
Fuentes oficialistas señalan que la UDI pedirá a la Contraloría nacional que se pronuncie sobre la investigación en la Octava Región. Ello, debido a las suspicacias de que el informe se conociera justo en medio de la polémica por los subsidios y del traslado del contralor regional de Concepción.