Concesionaria deberá pagar $110 millones por daño moral a dos automovilistas
Los afectados sufrieron el apedreo de su vehículo en el año 2004 y resultaron con serias lesiones.
La Corte de Apelaciones condenó una empresa concesionaria a pagar una indemnización por daño moral a dos personas que sufrieron el apedreo de su vehículo cuando transitaba por la vía en el año 2004.
En fallo dividido los ministros de la Sexta Sala del tribunal de alzada Cornelio Villarroel, Dobra Lusic y la fiscal judicial María Loreto Gutiérrez confirmaron que la empresa Rutas del Pacífico S.A debe cancelar la suma de $80 millones a Miguel Varas Boestsch y $30 millones de pesos a Paula Bossay Pisano.
La pareja transitaba el 4 de abril de 2004 por la Ruta 68, que une Santiago y Valparaíso-Viña del Mar, en un automóvil Chevrolet Corsa, por el kilómetro 60, sector La Vinilla, cuando una piedra fue arrojada por desconocidos contra el móvil, lo que provocó lesiones a ambos, como fracturas y esguince cervical.
El fallo determinó la responsabilidad de la concesionaria al no adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de este tipo de incidentes en la vía.
"La necesidad, conveniente y prudente adopción de medidas de seguridad por parte de la Concesionaria van sin duda alguna más allá de las mínimas contenidas en las bases de licitación, apreciándose como tales todas aquellas previsibles para evitar un resultado dañoso, como en el hecho -pero ex post- efectuó la Concesionaria demandada; necesarias y prudentes además si se consideran los eventos análogos o de la misma clase del actual que, como ha sido de público conocimiento, se han venido verificado a lo largo de esta carretera concesionada, por lo que un nuevo acontecimiento resultaba previsible y evitable", sostiene el fallo.
El fallo se adoptó con el voto en contra de la fiscal Gutiérrez quien fue partidaria de revocar la sentencia por considerar que no existe responsabilidad de la autopista. En primera instancia, el Vigésimo Séptima Juzgado Civil de Santiago, el 31 de julio de 2009, había establecido la responsabilidad del Fisco en el accidente y el pago de una indemnización de $180 millones, pero la sentencia del tribunal de alzada desestimó la responsabilidad fiscal y rebajó el monto de los pagos.
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