Condenados por Cheyre en dos consejos de guerra figuran en el Informe Valech

Fue el 20 de diciembre de 1973 cuando el consejo de guerra integrado por "el teniente coronel Mario Arriagada Anento, el capitán Daniel Verdugo Gómez, el teniente Emilio Cheyre Espinoza, el mayor Tomás Manríquez Núñez, el teniente Raúl Alvarado Bencini y el auditor Francisco Álvarez Mery", emitía un fallo condenatorio contra 16 personas, con penas que fluctuaban entre 541 días y 5 años y un día de presidio. Algunos de ellos llevaban meses detenidos en La Serena.

Entre las acusaciones que les formuló el tribunal militar, que integraba el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, estaban mantener escondido armamento y municiones; "efectuar reuniones clandestinas tendientes a destruir el orden social y oponer resistencia al gobierno constituido", y "pertenecer a grupos de combate armado en tiempos de paz", entre otras.

Estos antecedentes son parte de las resoluciones emitidas por los consejos de guerra que integró el general en retiro cuando se desempeñaba como teniente en el Regimiento Arica, ubicado en la IV Región. La Tercera accedió a dos de los 31 dictámenes en que figura el ex alto oficial, que actualmente está siendo indagado por dos presuntos casos de apremios ilegítimos -causa en la que no ha sido procesado y que es instruida por el ministro en visita de La Serena Vicente Hormazábal- y está en calidad de acusado como posible cómplice de 15 homicidios en el marco del caso Caravana de la Muerte por fusilamientos ocurridos en el regimiento.

El magistrado dio cuenta el martes de que en su proceso se había determinado que Cheyre participó en cinco de esos tribunales militares, pero que luego de consultar al Ejército, la institución informó que había registros de otros 26 consejos de guerra en los que estaba la firma del ex comandante en jefe.

Pero hay otro antecedente que surge a raíz de estas resoluciones. En los dos fallos, 16 de los 20 condenados (ver listado) están como víctimas en la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la cual se emitió el Informe Valech. Esto, según el registro de los nombre que están en la base de datos del archivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Si bien las identidades de las personas que participaron de la instancia son públicas, sus testimonios son secretos por un plazo de 50 años. Actualmente, se tramita un proyecto de ley para terminar con esa reserva.

El otro fallo es del 26 de octubre de 1973. Ahí, Cheyre también fue parte de los jueces militares. En ese documento se señala que los cuatro detenidos ocultaron municiones y armas, por lo que Darío Crespo Pinto fue condenado a 10 años de prisión y los otros procesados recibieron penas de 60 días a cinco años de cárcel. "Las penas impuestas al reo Crespo las cumplirá en el presidio de Pisagua", indica la resolución a la que accedió La Tercera.

En relación a estos nuevos antecedentes sobre el contenido de los consejos de guerra en que participó el ex comandante en jefe, su abogado defensor, Jorge Bofill, reiteró que los hechos que se le imputan son falsos y contradictorios. "A la fecha de los hechos imputados se desempañaba como teniente-ayudante del comandante Ariosto Lapostol". Sobre la integración de los tribunales militares, manifestó que "fue mayoritariamente el oficial de más bajo rango de aquellos que los componían. Por lo demás, los consejos de guerra son meramente propositivos: el proyecto de sentencia que emitían, para un eventual cumplimiento, debía ser aprobado por el general en jefe que ordenó la formación del referido consejo".

Agregó que "en Chile hubo cientos de consejos de guerra durante la dictadura. Los tribunales los consignan como lícitos y regulados en el Código de Justicia Militar; su legalidad, además, ha sido confirmada recientemente por la propia Corte Suprema (caso Caravana de Copiapó)".

Bofill explicó que han solicitado nuevos careos y testimonios y en los próximos días pedirán al magistrado Hormazábal que oficie al Ejército para que informe de todos los consejos de guerra que tuvieron lugar a partir del 11 de septiembre de 1973, así como qué personas -militares y civiles- los integraron.

"No nos cabe ninguna duda su dolor, así como que fueron sometidos a apremios ilegítimos. Sin embargo, tenemos certeza de que ellos no fueron cometidos por Juan Emilio Cheyre Espinosa (...). Demostraremos en sede judicial que los hechos que le imputan al general son falsos, y que existe una operación sistemática para confundir y desinformar, aportando valor a instancias, documentos, fuera del contexto histórico de horror que vivimos en la dictadura".