La Justicia uruguaya condenó hoy al ex dictador uruguayo Gregorio "Goyo" Alvarez a una sentencia de 25 años de prisión por "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y por un delito de "lesa humanidad".
Alvarez había ingresado en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, entre 1977 y 1978, en plena dictadura uruguaya (1973-1985).
Fue el juez Luis Charles el encargado de comunicarle al ex dictador la sentencia impuesta tras ser declarado culpable de esos delitos, por el que se le ha aplicado la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze.
Fuentes judiciales indicaron que Alvarez no se llegó a presentar hoy ante el Juzgado de la calle Misiones de Montevideo que lleva su caso, tras alegar problemas de salud.
Alvarez fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y presidente "de facto" desde 1981 hasta el fin de la dictadura, en 1985.
La Fiscalía determinó durante su procesamiento que Alvarez debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
El juez Charles también anunció hoy la pena de 20 años de prisión al marino retirado Juan Carlos Larcebeau, acusado también de "homicidio especialmente agravado", aunque referido a 29 personas.
En declaraciones al Canal 4 de televisión, el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, señaló que esta condena supone una "dignificación de las víctimas" y subrayó la importancia de que se reconozcan los hechos como crímenes de lesa humanidad.
Estas sentencias se conocen apenas tres días antes de que en Uruguay se vote en plebiscito la anulación de la llamada Ley de Caducidad, que, tras ser aprobada en 1986 y ratificada en 1989, garantizó la impunidad a los militares y policías responsables de crímenes y violaciones de los derechos humanos, durante la dictadura uruguaya.
La causa abierta contra Alvarez había sido declarada por el gobierno uruguayo al margen del amparo de la Ley de Caducidad al referirse su procesamiento al delito de "desaparición forzosa", relacionado con las acciones del llamado Plan Cóndor.
El lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia de Uruguay declaró la inconstitucionalidad en tres de sus artículos aplicados a un caso concreto de la Ley de Caducidad.
Esa inconstitucionalidad ya había sido reclamada hace unos meses por el Parlamento y el Ejecutivo uruguayos.
