La Primera Sala del Tribunal Oral de Talca condenó a los ingenieros civiles Ricardo Aránguiz Gallardo, propietario de la empresa calculista Arcosent, y Oscar Castro González, ex funcionario del Serviu, por el delito de homicidio culposo, en el bullado caso de Cerro O'Higgins de Constitución.

De la edificación, dos bloques de departamentos colapsaron la fatídica madrugada del 27 de febrero del 2010, causando la muerte por aplastamiento de cuatro adultos y cuatro niños. Asimismo, el tribunal decidió absolver de los mismos cargos, a seis constructores civiles vinculados a la empresa que construyó los bloques de viviendas sociales, al departamento de obras de la Municipalidad de Constitución y del Serviu.

El fallo dejó conformes a los familiares de las víctimas quienes, sin embargo, esperaban condena para los ocho acusados.  Angela Bravo, hermana de uno  de los fallecidos, señaló que "estamos satisfechos  porque lo único que esperábamos era que se reconociera que hubo una falla humana y el tribunal nos dio la razón, por eso estamos conformes, aunque no todos hayan sido encontrados culpables".

En el extenso fallo leído pasado el mediodía en la primera sala del tribunal oral de Talca, los jueces establecieron que el colapso del edificio "se debió al incumplimiento de la normativa sobre diseño sísmico  de edificios, por cuanto en las notas generales del plano  de la estructura y el cálculo sísmico se hizo utilizando un coeficiente sísmico igual a 015, que no corresponde al tipo de suelo del terreno ni a la zona sísmica de emplazamiento, en consecuencia, el coeficiente empleado fue significativamente inferior al requerido por la norma lo que incidió en un cálculo estructural errado que no satisfacía la resistencia requerida ".

Al respecto, el abogado querellante, Raúl Meza, destacó que "ésta es una sentencia penal sin precedente en la historia judicial chilena, que va a constituir un ejemplo y una señal muy clara de que aquí hubo funcionarios públicos, representantes del Ministerio de la Vivienda,  que actuaron en forma negligente y por lo tanto aquí hay responsables penales de las ocho muertes ocurridas en Constitución, aquí no hay impunidad judicial".

Meza agregó que  esperaba que también fuesen condenados los dueños de la constructora y los fiscalizadores del departamento de obras de la municipalidad de Constitución , por lo que anunció que "si bien estamos parcialmente satisfechos con esta sentencia, después de un análisis, vamos a interponer los recursos  de nulidad que en este caso corresponden,  para que nunca más en Chile por la sola condición de pobreza, de habitar  en una vivienda social , las personas tengan como  riesgo inminente el desplome de un edificio,  por la negligencia de los funcionarios del Serviu."

En tanto la fiscal  que investigó el caso, Paula Rojas, agregó que " lo importante es que se desestimaron  las teorías de todas las defensas en orden a que la causa del colapso eran ampliaciones realizadas por las víctimas y los socavamientos de una ladera, por el contrario , el tribunal estableció que esto se debió al incumplimiento de la norma chilena  de coeficiente sísmico, por eso el tribunal condenó a dos de los acusados en atención a que ellos tienen la calidad de ingenieros civiles  y por lo tanto debían tener conocimiento de este hecho".

El Ministerio Público solicita una pena de tres años de reclusión en su grado medio, tomando en cuenta el número de personas fallecidas. La lectura de la sentencia está programada para el 17 de mayo  a las 15.30 horas.