Un juez condenó al Estado colombiano a pagar una multa millonaria con el objetivo de indemnizar a los familiares de las víctimas de la masacre de Chengue (Sucre, noroeste), en la que un grupo de cerca de 80 paramilitares asesinó en 2001 a 27 personas, informa hoy el diario El Tiempo.
El titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, capital de Sucre, consideró que "hubo omisión de la fuerza pública en los hechos", por lo que sancionó al Estado con el pago de 1,25 millón de dólares, que se repartirán entre 195 familiares.
Según el juez, la Policía y la Infantería de Marina no protegieron a la población ante el desplazamiento de un grupo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que el 16 de enero de 2001 asesinó a 27 campesinos en Chengue, aldea rural de la localidad de Ovejas, más de 800 kilómetros al norte de Bogotá.
Además, ese juez sostiene que las autoridades favorecieron la entrada y salida del pueblo de los paramilitares del bloque "Héroes de los Montes de María" de las AUC.
Las investigaciones han revelado que cerca de un centenar de hombres al mando del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Cadena", irrumpieron en Chengue de madrugada y obligaron a toda la población a salir de sus casas y reunirse en el parque.
Según la información recogida por las autoridades, mientras algunos de los vecinos recibían mazazos en la cabeza, un grupo de paramilitares incendió 32 de las 75 viviendas de la localidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó en 2007 a investigar los hechos, al considerar que la justicia colombiana se había retrasado demasiado en abordar el caso.
Este tribunal vinculado a la Organización de Estados Americanos (OEA) ya condenó al Estado colombiano por las masacres paramilitares de Mapiripán (Meta, centro) en 1997, La Rochela (Santander, noreste) en 1989 y Pueblo Bello (Antioquia, noroeste) en 1990.
El juez ordenó también que se levante un monumento en memoria de las víctimas de la masacre de Chengue, tal y como se hizo el pasado mes de julio en Mapiripán.
Las AUC se disolvieron a mediados de 2006 tras desmovilizar a más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el gobierno del Presidente Alvaro Uribe.
