Dos ex ministros del ex presidente Alvaro Uribe fueron condenados a seis años de prisión por sobornar a legisladores para que apoyaran la reelección del entonces mandatario.
La sentencia de la Corte Suprema recayó en el ex titular del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, y el de Protección Social, Diego Palacio, informó la oficina de prensa de la Corte.
Ambos fueron condenados como responsables del delito de "cohecho por dar u ofrecer", es decir, por ofrecer o entregar dádivas a congresistas por votar a favor del proyecto de acto legislativo que permitía la reelección presidencial del entonces mandatario Uribe.
Los hechos ocurrieron el 2 y 3 de junio de 2004 durante el trámite de la ley en la Cámara de Representantes.
También fue condenado a 60 meses por el mismo delito el primer secretario general del gobierno de Uribe (2002-2010), Alberto Velásquez Echeverri.
Enterado de la condena, Uribe anunció vía twitter que recurrirá a la comunidad internacional ante lo que considera una campaña de persecución política por las "mentiras de Yidis", según escribió.
A principios de 2008, la ex legisladora Yidis Medina dijo en varios medios de comunicación que cuatro años antes, cuando era congresista, funcionarios del gobierno de Uribe "compraron" su voto y el de varios de sus colegas para que apoyaran el proyecto de ley que buscaba autorizar la reelección del jefe de Estado.
Producto de esa autoincriminación, Medina fue condenada en junio de 2008 por la Corte Suprema a 48 meses de prisión por cohecho propio. Tras conocerse la sentencia Yidis Medina denunció que su vida corría peligro y pidió protección oficial: "Si me pasa algo responsabilizo al presidente Santos por no querer darme la seguridad, porque yo he sido víctima del propio estado" dijo la ex congresista a la emisora RCN.
A esta misma investigación está vinculado el ex secretario general de la Presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, quien el viernes conocerá la condena por su probada participación en una red de espionaje a magistrados, periodistas y activistas.
Pretelt, Palacio y Moreno, según Medina, le habrían ofrecido cargos públicos a cambio de que votara a favor del proyecto de ley de reforma constitucional que permitiera la reelección de Uribe.
Los tres ex funcionarios siempre han negado esas acusaciones y, por el contrario, han pregonado su inocencia.
Por los mismos señalamientos de Medina cursa contra Uribe una indagación preliminar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la instancia que según las leyes colombianas puede investigar a un jefe de estado. La comisión, que en Colombia es famosa por su ineficacia, no se ha pronunciado de fondo sobre el caso.
Otro ex ministro de Uribe, Andrés Felipe Arias, titular de la cartera de Agricultura, fue condenado el año pasado por probadas irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas millonarios. Arias huye de la justicia colombiana y hoy vive en Estados Unidos en espera de que se le conceda asilo.
Además, la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad -la policía secreta-, María del Pilar Hurtado, también espera conocer el viernes la condena en su contra por los mismos hechos de espionaje de Moreno.
El 30 de enero pasado rindió interrogatorio en la FiscalíaOscar Iván Zuluaga, que fue el candidato del uribismo en las elecciones presidenciales del año pasado y quien es investigado por sus nexos con un experto en informática que espiaba a los delegados del gobierno y de las FARC en el marco del proceso de paz que las partes adelantan en Cuba desde fines de 2012.
También el jefe de seguridad de Uribe, el general Mauricio Santoyo, fue condenado a 13 años de cárcel por vínculos por recibir sobornos de una organización narcoterrorista. Había sido detenido en Estados Unidos.
Finalmente, el que fuera director del DAS entre 2002 y 2005, Jorge Noguera, está condenado a una pena de 25 años por varios delitos, entre ellos el homicidio --a manos de paramilitares-- de un profesor universitario y activista.
Uribe siempre ha defendido a sus ex funcionarios y ha dicho que su procesamiento obedece a "una venganza criminal" contra su gobierno.
El movimiento político uribista Centro Democrático ha alegado persecución política por parte de la justicia y, sobre todo, del gobierno de Santos.
