El conflicto israelo-palestino entró en una nueva fase peligrosa e incierta después de que la Autoridad Palestina pidiera la adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI), especialmente por las represalias que puede tomar Israel, según expertos.

Tras décadas de conflicto y esfuerzos diplomáticos, dirigentes israelíes y palestinos, además de expertos coinciden en que el retorno a las negociaciones parece ahora imposible. 

El 30 de diciembre, los palestinos presentaron ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un proyecto de resolución exigiendo una retirada israelí de los territorios ocupados.

El proyecto fue rechazado, tras lo cual el presidente palestino, Mahmoud  Abbas, como lo había anunciado previamente, presentó una demanda de adhesión a  la CPI, con el objetivo de denunciar a los dirigentes israelíes por crímenes de  guerra. 

Israel calificó la iniciativa palestina de declaración de guerra diplomática y, como primera medida de represalia, congeló la entrega de 100  millones de euros de impuestos pertenecientes a la Autoridad Palestina. 

Al mismo tiempo, el gobierno israelí prometió una respuesta más "dura y  global".

"Israel podría multiplicar las medidas punitivas contra los palestinos a  medida que se acercan las elecciones legislativas" del 17 de marzo, comentó  Naji Charab, politólogo de la Franja de Gaza.

La espiral de iniciativas palestinas y sanciones israelíes recuerda lo  sucedido en 2012, cuando el Estado palestino obtuvo el estatuto de observador  ante la ONU, señalan los expertos.

Una vez más, dicen los analistas, Israel y su aliado y protector estadounidense se encuentran "ante un dilema".

Israel quiere "presionar a la Autoridad Palestina para impedirle que se  presente ante la CPI, pero al mismo tiempo no quiere debilitarla, pues su  interés está en que sea lo suficientemente fuerte para controlar Cisjordania" ocupada, dice a la AFP Robbie Sabel, jurista y exconsejera de la diplomacia  israelí.

Muchos palestinos consideran que la Autoridad Palestina se ha convertido en  un instrumento de los israelíes en Cisjordania a través de la cooperación en  materia de seguridad. 

Abbas amenaza cada tanto con romper los acuerdos de cooperación en seguridad  sin ir más allá debido a la importancia que tienen para la Autoridad en su rivalidad con Hamas, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza.

Si Abbas suspendiese los acuerdos de seguridad, la única arma que le  quedaría en sus manos sería la disolución de la Autoridad. 

Para Naji Charab, Ramala especula con el riesgo de explosión que esa  disolución podría provocar en toda la región.

"La Autoridad apuesta a que la comunidad internacional presione a Israel  para evitar eso", dice Nji Charab.

Si la Autoridad Palestina muestra sus últimas cartas se debe a que "el  proceso de paz" de Oslo (acuerdos de autonomía firmados en 1993) está muertos y  enterrado y nos encontramos en una nueva etapa", dice Karim Bitar, especialista  de Oriente Medio.

Por su parte, Estados Unidos continúa con su doble discurso que por un lado  defiende los derechos humanos y por el otro desaprueba que los palestinos  recurran a la CPI. 

La actitud de Estados Unidos es una de las incógnitas de esta nueva fase.

Estados Unidos, inquieto por la agravación de la tensión, dice que se opone  al recurso a la CPI y a las represalias financieras israelíes.

Sin embargo, el Departamento de Estado advirtió que el recurso a la CPI  podría tener "consecuencias" sobre la ayuda de Estados Unidos a la Autoridad  Palestina, que suma unos 400 millones de dólares anuales, vitales para el  presupuesto y la estabilidad palestinos.