Ha sido uno de los proyectos más anhelados de la cartera más allá de cualquier color político. En mayo de 2013 fue presentado por primera vez al Ejecutivo, bajo el mandato del ex presidente Sebastián Piñera, y ayer el bautizado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dio el paso definitivo para su futura ejecución: el proyecto fue aprobado con unanimidad en el Senado y la Cámara de Diputados, y ahora sólo basta que ingrese al Tribunal Constitucional para su posterior firma y promulgación por parte de la Presidenta Michelle Bachelet. Los tiempos para este trámite legal son en total de aproximadamente seis meses, por lo que se espera que en febrero el ministerio esté con todas sus facultades operativas.
"Estoy contento y satisfecho porque el proyecto tuvo un apoyo transversal de todos los sectores políticos. Estamos conscientes de que será el próximo gobierno al que le toque implementarlo, y eso me parece bien, es legítimo. Este es un proyecto de Estado que transitó por dos gobiernos distintos y que se fue modificando hasta lograr un acuerdo. Es realmente un avance sideral para nuestra institucionalidad", señaló el ministro Ernesto Ottone, quien recibió el proyecto como misión principal de su gestión al asumir en mayo de 2015.
La gran reforma de este ministerio es que considera la creación de dos subsecretarías: una de las Culturas y las Artes, y otra del Patrimonio Cultural, que contará a su vez con un Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Bajo la primera estará lo que hoy se conoce como Consejo de la Cultura y las Artes, que acogerá los consejos ya existentes, como los del Arte y la Industria Audiovisual, del Libro y la Lectura, junto al de Música Nacional.
La subsecretaría de Patrimonio acogerá dos organismos que hasta hoy dependen del Ministerio de Educación: la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), y el Consejo de Monumentos Nacionales.
Ambas subsecretarías estarán a cargo de diseñar y evaluar planes y programas referentes al folclor, culturas tradicionales, cultura y patrimonio indígena, patrimonio cultural e infraestructura patrimonial. El Servicio, en tanto, será el encargado de implementar las políticas, y desarrollar planes y programas en todos los campos del patrimonio cultural.
Ambas entidades estarán desconcentradas territorialmente: se crearán las Secretarías Regionales Ministeriales y Direcciones Regionales del Patrimonio, coordinadas entre sí. La sede del nuevo ministerio será Valparaíso (donde hoy funciona el CNCA), convirtiéndose así en la primera Secretaría de Estado sin domicilio en la capital. Mientras que en Santiago, la Secretaría del Patrimonio Cultural (que alberga a la Dibam y Consejo de Monumentos), se instalará en el Palacio Pereira, una vez que éste termine de ser remodelado a mediados de 2018.
"El cambio fundamental es que en la estructura del Estado un ministerio tiene un rango más importante en la toma de decisiones. A través del Servicio Nacional de Patrimonio se va a modernizar y ampliar el alcance que hoy la Dibam no tiene en regiones, y el Consejo de Monumentos ampliará sus representantes de la sociedad civil", señala Ottone. "Lo más importante es la descentralización de los organismos que se va a producir con mucha fuerza; se crearán 345 cargos nuevos para funcionarios de regiones, además cada uno contará con mejores condiciones laborales producto de que se eliminan los cargos a honorarios y todos pasan a contrata", agrega.
Participación
A pesar de la creación de esta nueva orgánica, en la práctica se mantiene el carácter participativo: se mantiene el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que asesora al ministro, el cual propondrá políticas y acciones a las autoridades, y contará con representantes de la sociedad civil, artistas y pueblos originarios.
En total serán 17 miembros, los que además desde ahora tendrán la facultad de aprobar la elección de los Premios Nacionales en los ámbitos artísticos, que hasta ahora estaban a cargo del Ministerio de Educación. En regiones, en tanto, se crearán otros consejos regionales, cada uno de 13 miembros, que potenciarán justamente la descentralización de las decisiones.
"En estos años de discusión se hicieron varias modificaciones al proyecto original, como el que incluyó la encuesta indígena y que finalmente se concretó en la creación de un Consejo de Pueblos Originarios que tendrá nueve miembros y que será permanente, además dentro del consejo asesor habrá también un integrante de la población migrante", señala Ottone.
