La Sala del Senado aprobó esta tarde revocar la nacionalidad por gracia otorgada en 2008 al sacerdote irlandés John Joseph O'Reilly.

Esto, luego de la condena que recibió el religioso de cuatro años de libertad vigilada por abusos cometidos a una niña del colegio Cumbres.

De esta manera, el proyecto queda en condiciones de convertirse en ley.

Cabe destacar que en el Congreso figuraban dos proyectos que buscaban revocar la nacionalidad de O'Reilly y que estaban con urgencia calificada de "suma".

En este contexto, la moción que fue presentada por parlamentarios de la Democracia Cristiana y que se encontraba en segundo trámite constitucional, fue aprobada por 22 votos a favor; mientras que el otro proyecto que fue impulsado por los senadores del PS, Alfonso De Urresti y Rabindranath Quinteros y que se encontraba en primer trámite constitucional, fue aprobado por 28 votos a favor.

La nacionalidad por gracia es un beneficio que pueden conceder los parlamentarios a través de un proyecto de ley y son ellos mismos quienes pueden revocarla por medio de la misma vía. La nacionalidad por gracia a O'Reilly se aprobó el 3 de enero de 2008 con amplio respaldo de los legisladores.

Al inicio del debate, el senador Quinteros indicó que el delito cometido por el sacerdote "me causa especial indignación y aumenta mi rechazo teniendo presente la calidad de haber recibido el más alto honor de un extranjero en Chile: el de la nacionalidad por gracia".

En este sentido, el parlamentario aseguró que O'Reilly usó la nacionalidad obtenida por gracia "como atenuante de su responsabilidad penal lo que permitió acceder a una pena menor a la que le correspondía".

"Todos deben someterse a la ley cualquiera sea su investidura", apuntó Quinteros.

Por su parte, el  senador Alfonso De Urresti señaló que "este proyecto busca revocar la nacionalidad a un delincuente con sotana".

"Más que una condena individual esto es un llamado de alerta general. Quienes abusen de los niños van a tener que responder a la justicia", dijo en tanto el timonel del MAS, Alejandro Navarro.

"Esto no busca estigmatizar ni a la Iglesia Católica ni a los sacerdotes, sino que indicar que este tipo de conductas, cualquiera que la realice, va a tener una sola respuesta: la justicia elaborada por los tribunales (...) evitando cualquier tipo de privilegio".